A pesar de ser crucial para el desarrollo, los logros educativos en el Perú continúan siendo alarmantemente bajos. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, solo el 33,8% de los estudiantes alcanza el nivel básico en matemáticas, cifra que se reduce al 11% en zonas rurales, mientras que en áreas urbanas alcanza el 38,7%. En lectura, el 49,6% logra el nivel básico, con una marcada brecha entre zonas rurales (21%) y urbanas (55,7%).
La evidencia demuestra que alcanzar un crecimiento sostenido y más equitativo será imposible con los bajos logros educativos actuales (Barro 2002; Goczek et al. 2021; Hanushek & Woessmann 2007). Dado el bajo nivel de capital humano que tiene el país, no debería llamarnos la atención el alto grado de informalidad en la economía (73,5% según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), el nivel de pobreza monetaria (29%) y el alto porcentaje de la población vulnerable con riesgo de caer en pobreza monetaria (31,4%).
A pesar de la gravedad de este problema, no se observa que responsables de las políticas públicas le otorguen la atención necesaria. En abril del 2024, el Congreso promulgó la Ley 31996, que permite el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de docentes interinos retirados en el 2014 por no cumplir los requisitos o no aprobar evaluaciones. Este proceso de incorporación directa no exige una evaluación de conocimientos, competencias pedagógicas ni trayectoria profesional, lo que plantea serias dudas sobre el impacto en la calidad educativa.
Otro indicador del poco interés en los resultados educativos es el retroceso en la gestión de las pruebas de logros de aprendizaje. Mientras que entre el 2006 y el 2019 el Ministerio de Educación recolectada pruebas de logros de aprendizaje de manera censal, a partir de 2022 solo recoge pruebas muestras con representatividad a nivel de región y de algunos estratos. Esto impide que los directores, docentes y padres de familia puedan comparar el desempeño de su institución educativa directamente con otras a nivel nacional. La falta de información reduce la posibilidad de generar políticas públicas que mejoren la provisión del servicio educativo. Más aún, durante la pandemia entre el 2020 y el 2021, no se aplicó pruebas de aprendizaje en el Perú a pesar de que la mayoría de los países de la región las continuaron aplicando. Como resultado, perdimos la oportunidad de medir con precisión el impacto inmediato de la pandemia en los estudiantes peruanos a nivel nacional.
Si nos basamos en la información disponible en la Encuesta Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2023 confirmaremos que existen brechas significativas incluso entre estudiantes de escuelas públicas. En promedio, a nivel regional, el porcentaje de estudiantes de segundo de secundaria en escuelas públicas que alcanzaron niveles satisfactorios de lectura oscila entre el 4,4% (Loreto) y el 31,7% (Tacna), mientras que en matemáticas varía entre el 1,4% (Loreto) y el 26,4%% (Tacna). Sin embargo, al considerar solo las mejores escuelas públicas de cada región, estos porcentajes aumentan a rangos de entre 13,6% (Loreto) y 57% (Arequipa) en lectura y entre 5,1% (Loreto) y 51,2% (Tacna) en matemáticas.
Estas disparidades y porcentajes mínimos de logro tan bajos invitan a reflexionar sobre cómo mejorar la provisión del servicio educativo dentro y entre las regiones, garantizando que todos los estudiantes reciban al menos los aprendizajes mínimos necesarios para su nivel académico. ¿Qué podemos hacer para que, en cada región, todas las escuelas públicas tengan los mismos resultados que hoy ya se observan en las mejores escuelas?