José Domingo Pérez: De fiscal del Caso Lava Jato a defensor del golpista Pedro Castillo
Pedro Castillo: PJ amplía por 12 meses prisión preventiva en caso de presunta corrupción TC rechaza pedido de Pedro Castillo: ¿Cuál es la situación de los recursos contra la sentencia por el ‘Golpe de Estado’? El exfiscal José Domingo Pérez, quien integró el Equipo Especial Lava Jato, asumió la defensa legal del sentenciado expresidente Pedro Castillo, que cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión. A través de un escrito, el exfiscal fue acreditado ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para intervenir como abogado de Castillo Terrones en la apelación que éste último presentó en contra de la condena que se le impuso en primera instancia. Pérez Gómez fue destituido del Ministerio Público. Inicialmente, fue suspendido en sus funciones por el Órgano de Control de la institución y, posteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificarlo en el cargo fiscal. MIRA: Martín Vizcarra seguirá en prisión cumpliendo su condena: los alcances del fallo judicial Posteriormente, comenzó a desempeñar labores particulares como abogado. Ahora, formará parte del equipo de defensa del sentenciado exmandatario. Su acreditación ya figura en el registro judicial que procesa la apelación contra la sentencia del vacado exmandatario. El vacado expresidente Pedro Castillo purga su sentencia en el penal Barbadillo (Ate) desde el 7 de diciembre del 2022, día en que fue detenido en flagrancia tras emitir un mensaje a la Nación donde subvertía el orden constitucional y perpetraba un Golpe de Estado. Además es investigado por presunta corrupción y organización criminal durante su gobierno. Por este caso, días atrás, el Poder Judicial amplió por 12 meses la prisión preventiva en su contra. A través de un video, el exfiscal José Domingo Pérez, afirmó que, al igual que Pedro Castillo, fue “víctima de una componenda mafiosa que gobierna las instituciones en este momento” y, en ese contexto, fue convocado por el sentenciado exmandatario. Adelantó que no solo lo defenderá ante el PJ, sino que llevará su mensaje “más allá de los tribunales de justicia” para que se pueda identificar que su ahora patrocinado “está injusta y arbitrariamente privado de su libertad”. De acuerdo a sus afirmaciones, el “contexto internacional” considera a Castillo un “preso político” y juristas internacionales señalan que está “indebidamente” privado de su libertad. Según Pérez Gómez, Castillo Terrones se encuentra “secuestrado” y fue condenado por un tribunal parcializado. Al ser consultado si sumarse como abogado de Castillo también es una muestra de apoyo al proyecto político de Juntos por el Perú, que propugna su libertad -a través de un indulto-, sostuvo que el exmandatario le indicó que “dé este mensaje de apoyo al proyecto político de lograr la libertad y eso debo transmitir. “Él me expresa que hará una resistencia legal e invita a que se puedan sumar este proyecto político en el que se busca la libertad del (ex) presidente Pedro Castillo en un cotexto en el cual ya no hay dudas de la injusticia que él viene sufriendo”, anotó. La sala del Poder Judicial que llevó a cabo el juicio y emitió la sentencia en contra de Castillo Terrones y otros, estuvo integrado por los jueces supremos José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado 32 años de cárcel para el exmandatario al acusarlo por rebelión. Sin embargo, tras realizar una desvinculación del delito postulado, consideraron que los hechos ilícitos debían ser tipificados como “conspiración para la rebelión” lo que supuso la imposición de una pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El magistrado Guerrero, en minoría, consideró que el delito debía ser tipificado como “tentativa de rebelión” y por ello consideró que debía ser condenado a 13 años y 4 meses de cárcel. Tanto el sentencia en mayoría, como la de minoría, concluyeron que Castillo Terrones incurrió en actos ilícitos y merecía una condena penal. El juicio se desarrolló por ocho meses. Desde el inicio de las sesiones Castillo Terrones se mostró reacio a participar, también se negó a acreditar un abogado particular de su elección, por lo que el tribunal le asignó hasta dos profesionales de oficio, sumado a que durante el desarrollo del juicio objetó la imputación en su contra a través de diversos recursos legales. El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado expresó su sorpresa tras conocerse que el exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, había asumido la defensa del sentenciado Pedro Castillo. En diálogo con El Comercio, el exdefensor del Estado precisó que los términos jurídicos señalados por Pérez para sumir la defensa “carecen de fundamento fáctico y jurídico”. Ello, indicó, se contradice con la figura “paradigmática” y “objetiva” que tuvo como integrante del Equipo Especial Lava Jato. Maldonado no descartó que la nueva posición de Pérez responda al maltrato que recibió desde el Ministerio Público, sobre todo del actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez y de instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El exprocurador remarcó que el juicio seguido contra Castillo se caracterizó por haberse dado bajo un estado de derecho, respetando el debido proceso y conforme al artículo 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y artículo 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, reiteró que el exmandatario sentenciado tuvo el “derecho de defensa, respetado, incluso, hasta el exceso” dado que fueron “muy respetuosos y tolerantes”. “Se ha abusado incluso del derecho de defensa. Así que, el que se sostenga por parte del señor Domingo Pérez que Castillo no tuvo acceso a una defensa técnica adecuada es totalmente falso, no ocurrió eso”, puntualizó. En segundo lugar, “Castillo tuvo acceso a todas las garantías del debido proceso, el examen, la revaluación, la contradicción a las pruebas de cargo; de tal manera que tampoco es cierto que el juicio sea obra de un tribunal parcializado”, indicó el Maldonado. El exprocurador precisó que no está en discusión que haya asumido como abogado, ya que los delitos del patrocinado no se le pueden atribuir al
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