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- JP y Obras presentan proyecto de amnistía para golpista Pedro Castillo y “quienes hayan intervenido en los hechos”
El futuro del proyecto que busca la amnistía del golpista Pedro Castillo se encuentra en manos del Buen Gobierno. La bancada cuenta con tres votos que pueden definir si la iniciativa formulada por Juntos por el Perú (JP) y Partido Cívico Obras (PCO) prospera en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Catherin Palomino, vinculada al expresidente.
De los 20 integrantes del grupo, nueve son de grupos de izquierda, mientras que ocho son de derecha. Romina Uribe, Edgar Gonzáles y Rossana Alayza, del Buen Gobierno, completan los cupos y son quienes pueden inclinar la balanza en cualquier sentido.
De apoyarla, la propuesta será elevada al pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado. De lo contrario, se enviará al archivo. Por el momento se cumplió la primera etapa: ya se encuentra —desde el 2 de noviembre— en la comisión de la diputada Palomino.
De acuerdo a consultas realizadas por este Diario y la postura de cada legislador, los que apoyarían la iniciativa son los cinco legisladores de JP y dos del PCO. Indira Huilca y César Holguín, de Ahora Nación, también se plegarían a la proposición legislativa, según indicó a El Comercio Víctor Piñán.
Mientras tanto, en la derecha la situación es distinta. En este sector Renovación Popular y Fuerza Popular, que suman un total de ocho diputados, se opondrán a la iniciativa. Ambas agrupaciones han sido críticas con Pedro Castillo.
Solo Roxana Rocha y José Baella representan a la bancada ‘celeste’. Por el fujimorismo están Carlos Domínguez, Ángel Bobadilla, Javier Castro Kim Muñoz, Luis Alegría y Karina Beteta.
¿Cuál es la postura inicial del Buen Gobierno?
Por la mañana, el diputado Fernando García, del Buen Gobierno, indicó —en el videopodcast de El Comercio Tenemos Que Hablar— que la proposición legislativa para amnistiar a Castillo “no es un tema urgente” en la agrupación política.
El legislador manifestó que aquel 7 de diciembre del 2022 se le vio al expresidente leyendo un papel y tratando de dar un quiebre constitucional.
Sostuvo que ello a “todas luces es inaceptable y se tiene que rechazar”. No obstante, afirmó que Castillo cometió una infracción a la Constitución y eso se debía castigar con un juicio político y la inhabilitación de por vida.
“De acuerdo con la Constitución, [Castillo] cometió una infracción constitucional. Lo que debió haber hecho [el Congreso sobre] Castillo es, primero, iniciarle un juicio político y poder vacarlo e inhabilitarlo de por vida”, añadió.
A diferencia de García, en el Senado ya se aproxima una postura. Flavio Figallo, senador y vocero del Buen Gobierno, afirmó que no votaría a favor de la ley de amnistía para beneficiar a Pedro Castillo. “No pues, no estoy [de acuerdo”], respondió a las preguntas realizadas en Canal N.
¿División en Obras?
Por la mañana, este Diario se comunicó con el portavoz de Obras en la Cámara de Diputados, el legislador Víctor Piñán. En el diálogo este aseguró que la agrupación contaba con los dos votos de Ahora Nación en la Comisión de Justicia. Sostuvo que Juntos por el Perú votará en bloque y que lo propio hará el Partido Cívico Obras.
“Como vocero te puedo trasladar la voz de los Diputados y casi al unísono la mayoría quiere que el señor Pedro Castillo salga en libertad. Entiendo que JP apoyará, el Buen Gobierno está en dudas; y en Ahora Nación hay algunas voces que dicen que sí, otros que no. Pero yo te puedo decir que Holguín e Indira Huilca, su posición siempre ha sido a favor de la amnistía, a favor de que Castillo salga en libertad”, dijo.
Aseguró a El Comercio que la restructuración de la agrupación se realizará “en todos los cargos”. Sostuvo que algunos dirigentes del partido serán ratificados, mientras que otros no.
“Por ejemplo el secretario general ya es senador y tiene otras funciones y no cuenta con tiempo para ver temas partidarios. Hay varios miembros del Comité Ejecutivo que están poniendo sus cargos a disposición toda vez que han cumplido su tiempo desde la fundación del partido, de acuerdo con el reglamento, tienen que haber estos cambios”, agregó.
Consultado si cesarán a Daniel Barragán de la Secretaría General del Partido, respondió que “quizá eso está en conversación con la alta dirección y es una de las posibilidades”.
Lejos de respaldar el pedido o propuesta de diputados, el senador Daniel Barragán, vocero de Obras en la Cámara Alta, fue enfático al afirmar que la agrupación en el Senado “evaluará” la proposición legislativa que busca amnistiar al golpista Castillo. No dijo que respaldará a ciegas la proposición de sus propios colegas, como si de una bancada distinta se tratase.
“Se evaluará también [la propuesta]. Eso lo conversaremos en el Senado también. No quiero hablar a título personal. No tengo ningún temor. Como vocero tomo decisiones y hablo a la ciudadanía con responsabilidad”, afirmó Barragán.
Luego añadió que Castillo es un preso “que ha cometido un grave error político que es dar un golpe de Estado”.
“Ha hecho un golpe de Estado. Tengo entendido que tiene carpetas fiscales por corrupción y por eso está investigado”, añadió.
¿Qué propone la norma?
La fórmula legislativa contempla dos tipos de amnistía: una por los hechos relacionados con el mensaje del 7 de diciembre del 2022 y otra por actos vinculados a las protestas sociales. El proyecto, sin embargo, excluye de este beneficio los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
En el primer supuesto, la iniciativa comprende a todas las personas que hayan intervenido en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso que Castillo emitió el 7 de diciembre del 2022.
“La amnistía comprende a todas las personas que hayan intervenido en los hechos señalados en el artículo 4, en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”, indica el documento.
El segundo supuesto extiende la amnistía a los hechos ocurridos desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de naturaleza política y social desarrolladas en el país durante la crisis de ese período.
El principal beneficiado sería Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el golpe de Estado de diciembre del 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.
Otra beneficiada sería Betssy Chávez, quien enfrenta la misma condena. A diferencia de Castillo, la exjefa del Gabinete se encuentra en México, a donde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.