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Unidad de Investigación
Manuel Aquize Estrada era un taxista, con antecedentes por estafa, que se hacía pasar como un exitoso empresario y miembro de la Gran Logia de los Masones en el Perú. Gracias a sus conocimientos empíricos sobre criptomonedas, aprendidos en cursos y videos de redes sociales, se alió con un hacker para vulnerar la cuenta de una empresa transnacional, robar más de 4 millones de soles y estructurar un plan para convertirlo en Bitcoin sin dejar rastro ante la policía.
La alianza no tardó en ejecutarse. Según las investigaciones de la División de Investigación de Ciberdelincuencia (Dirincib), Aquize cumplía el rol de ‘facilitador’, encargado de ejecutar la logística en las calles y reclutar a las ‘mulas’ financieras para concretar el desfalco de S/4′052.006 a Flöid,
una empresa encargada del procesamiento de pagos y transferencias en línea, mientras la mente maestra operaba desde la sombra.
Las investigaciones revelaron que, para concretar el golpe sin encender las alarmas bancarias, la red criminal ejecutó un plan de tres etapas en pleno corazón de Miraflores.
—Modus Operandi—
Secuencia y trazabilidad del cobro de cheques de gerencia en agencias bancarias y casa de cambio de Miraflores, que concluyó con la detención de los implicados. Fuente: Infografía GEC
El coronel PNP Yuri Napuri Accillo, jefe de la división de investigación de fraudes informáticos, detalló
que Aquize y el hacker se conocieron cuando ambos eran taxistas. “Aquize le da la visión sobre los criptoactivos. Tiempo después, el intelectual lo busca y le dice: ‘Tengo un negocio, tú que conoces de esto, ¿Qué te parece?’“, detalló el oficial.
La operación inició el 31 de julio de 2026, cuando el hacker vulneró la plataforma virtual de pagos de la empresa Flöid y realizó una ‘prueba de fuego’ desviando S/ 2.000 y S/ 300.000 a la cuenta BCP de Aquize, enviando luego montos de S/ 1.00 para confirmar que los filtros del banco no detectaran el ataque.
Segundo, para no saturar su cuenta ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Aquize fingió ser un próspero empresario masón y convenció a Alberto Sosa Sosa y a su primo Jhon Pacherres para recibir el resto de los S/ 4 millones a cambio de comisiones.
Entre el 3 y 4 de agosto pasado, para sacar el efectivo, los ‘prestacuentas’ acudieron a la agencia BCP de la avenida Larco y solicitaron la emisión de cheques de gerencia a nombre de Natividad Saucedo Mego, dueña de una casa de cambio en el centro comercial Caracol, ubicado también en Miraflores.
La tarde del 4 de agosto acabó su racha criminal. El banco finalmente identificó una transacción sospechosa, contactó al representante legal de Flöid quien negó la operación bancaria y la División de las Águilas Negras intervino a Sosa y Pacherres con cuatro cheques de gerencia y a la cambista Saucedo cuando iba a cobrar otros dos, mientras en Tacna caía la implicada Deybeth Ramírez.
—Ruta Bitcoin —
Aquize fue detenido días después en San Miguel, pero la Dirincib debía esclarecer cómo pensaba borrar la trazabilidad del dinero.
La clave estuvo en el Centro Comercial Caracol. Para obtener dólares en efectivo sin fiscalización, Saucedo cobró el primer cheque el 3 de agosto y envió a un familiar a entregarle el efectivo a Aquize. Sobre esta negligencia, el coronel Naupari precisó: “La señora le da el dinero a Aquize, pero no le hace firmar la declaración que por ley tiene que hacer. Cuando hay más de 5.000 dólares, tiene que declarar”, falta que la cambista admitió haber cometido por “confianza”.
La investigación de la Dirincib apunta a que Aquize pretendía usar lo aprendido en redes sociales para comprar Bitcoin a usuarios en internet y enviar los fondos a billeteras digitales privadas, fuera del rastro policial. Ante este escenario, el oficial advirtió sobre el vacío legal que buscaba aprovechar la red aprovechó la red.
“En el Perú no existe una regulación clara para la compra de criptoactivos ni protocolos para que la Fiscalía pueda incautar dinero digital”, explicó el coronel.
-Sin regulación-
A diferencia de países como Brasil, Argentina, Chile o EE.UU., el Perú carece de normas e identificación para mapear a los operadores y usuarios de criptoactivos.
La policía advierte que, al no estar contemplados en la Ley de Lavado de Activos, las criptomonedas son el nuevo refugio para bancarizar dinero del narcotráfico, la extorsión y los ciberdelitos.