El ‘cambiazo’ del oro: ¿Cómo así un policía implicado en el robo de un lingote amasó una fortuna de S/ 31 millones en solo 3 años? Buses de transporte público circulando en la Vía Expresa Sur: ATU anunció sanciones a empresas Las gestiones en la Municipalidad de La Victoria están marcadas por serias denuncias. En esta oportunidad, el alcalde Rubén Cano es sospechoso de supuestamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, la cual se dedicaría al cobro de cupos a los ambulantes de las calles del emporio comercial de Gamarra. LEE AQUÍ: Miraflores: la historia detrás de las tachas a cuatro listas que postulaban a las juntas vecinales El Ministerio Público ejecutó este martes allanamientos en viviendas de Lima y Ucayali para detener a los miembros de la banda, entre ellos exfuncionarios de La Victoria, así como exfiscalizadores. El cabecilla de la banda, de acuerdo con información de la Policía, era Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’. Él salió de la cárcel en el 2014 e integró la banda ‘Los intocables ediles’, que también operó en la Municipalidad de La Victoria. El sujeto fue baleado en el 2024 por un sicario y el móvil del ataque sería la disputa por el control del cobro de cupo a los ambulantes de Gamarra. A Rubén Cano se le imputa el permitir que los extorsionadores penetren distintas áreas del municipio. Solo se le allanó su vivienda, pero no se le dictó detención preliminar por 15 días, tal como sí ocurrió con los otros 14 integrantes de la banda. También son sindicados de ser miembros de la banda Juan José Roncagliolo Monje, quien fue subgerente de Movilidad Urbana Sostenible de La Victoria, así como los exfiscalizadores Wilson Armando Mego Fuentes, Jhon Williams Pajuelo Romero, Óscar Carbonel Vargas y Anthony Rubén Quispe Figueroa. Ellos son, dentro del organigrama, los facilitadores de la comisión del delito. Por su parte, Luz Marina Santa Cruz Vargas y Nancy Úrsula Carrillo son las recaudoras del dinero, mientras que Ruth Esther Saldarriaga Vásquez, Edith Rosario Bautista, Karina Rocío Gavidia Ensiso, Carmen Yulissa Sánchez John y Martha Yashuri Perales Aragón son ‘las bolseras’, es decir, cobraban directamente el dinero a los ambulantes. Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel y Rosa Balbina Aragón Balarezo son las lugartenientes del cabecilla. De esa lista, resalta el nombre de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, quien postuló a la Cámara de Diputados por las filas de Juntos por el Perú. Ella es acusada de tener a su cargo el damero A de Gamarra. Rosa Balbina Aragón Balarezo manejaba el damero B. “Ella (Carbonel) directamente daba las instrucciones precisas a todo el cuadrante que tenía bajo su control, tenía a su cargo de seis a siete cuadras a la redonda, prácticamente ella era la encargada de supervisar y controlar de que se ejecuten los cobros en la forma establecida, ya sea en forma diaria o mensual”, indicó el coronel PNP Roberto Trujillo, de la Diviac. La Diviac y la Fiscalía, con el apoyo de la Digimin, determinaron que la banda comenzó a operar desde abril del 2024, según información obtenida por El Comercio. Desde ese momento se realizaron seguimientos, interceptaciones telefónicas y acopio de documentos policiales sobre los miembros de ‘Los Pulpos de La Victoria’. El modus operandi de la banda era que sus miembros que eran fiscalizadores de La Victoria desalojaban a los ambulantes de los dameros A y B de Gamarra, pero luego les exigían el pago de una especie de “inscripción” de mil a 5 mil soles, así como un pago diario de 10 a 20 soles, para dejarlos entrar nuevamente al espacio público. En casos los comerciantes informales se negaban a pagar o retrasaban, los fiscalizadores los desalojaban y les arrebataban o destruían sus productos. La Policía ha determinado que en cada damero había entre 600 a 800 ambulantes, por lo que al día extorsionaban, en promedio, a 1500 vendedores. Las personas encargadas de hacer el cobro era un grupo de mujeres. La banda logró amasar cerca de 75 millones de soles, de acuerdo con cálculos de la Fiscalía. Los entonces fiscalizadores que pertenecían a la banda también habían penetrado el Centro Comunicaciones y Monitoreo de La Victoria, ya que el cobro de cupos a los ambulantes, las lotizaciones del espacio y los desalojos no autorizados no eran grabados por las cámaras de videovigilancia. Eso se constató cuando las autoridades solicitaron las imágenes para investigar, ya que les remitieron videos recortados e incompletos. Por ello, el equipo 4 de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada investiga a la banda por los delitos de extorsión, organización criminal y homicidio. El Ministerio Público sí solicitó la detención preliminar por 15 días para el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, pero el Poder Judicial decidió denegar el pedido, por lo que solo se allanó su casa ubicada en La Molina, donde él se encontraba descansando. Las autoridades le incautaron dos celulares y documentación. Cano Altez dijo que la Municipalidad de La Victoria tiene 2500 empleados, por lo que “no podría ver por el total” de trabajadores, pero remarcó que “no hay ningún funcionario actual comprometido con los actos delictivos”. Afirmó que desconoce si alguna persona de su entorno fue detenida en el operativo de las autoridades. En conferencia de prensa, el burgomaestre aseguró que las “mafias” que operan en Gamarra lo quieren involucrar con el presunto caso de cobro de cupos debido a que, según dijo, ha liberado de ambulantes los dameros A, B y C y que, por tanto, los ha dejado sin ingresos. “Esta es la venganza de los delincuentes. Esto debe ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas que venden los espacios públicos por años, que están enquistadas hace 20 años en La Victoria, y eso es lo que hemos cambiado. Esa gente ha quedado ofendida, se le ha pisado los talones, se ha recuperado los espacios públicos, se le ha tocado el bolsillo y ahora me quieren involucrar en estos actos”, afirmó Cano.
