La reciente interrupción del suministro de gas natural ha evidenciado una fragilidad más allá de una contingencia puntual. El problema de fondo radica en conocer las causas de que el Perú cuente con una cadena de suministro con baja redundancia – rutas o sistemas alternativos –, clave para momentos de emergencia. La coyuntura debe servir, entonces, para una reflexión más amplia: el país dispone de recursos gasíferos que abarataron el costo de la energía, pero aún siguen pendientes condiciones regulatorias e institucionales adecuadas para aprovecharlos plenamente. Esto es clave porque el gas natural cambió la matriz energética del país: pasó de representar el 1% en 2004 a 13% en 2023. A partir de Camisea, el Perú pudo abastecer, en 2025, a 2,5 millones de hogares, 528 mil vehículos, más de 100 mil empresas y 38 generadoras eléctricas. Según Macroconsult, entre 2004 y 2024, su adopción habría generado ahorros acumulados por S/ 474 mil millones al reemplazar combustibles más costosos. La mayor parte de ese beneficio se concentró en el sistema eléctrico, pero también alcanzó a comercios, industrias, transportistas y hogares. Asimismo, el aporte del gas natural permitió una balanza comercial superavitaria de hidrocarburos durante más de una década. Así, el gas ha sido clave para incrementar la productividad y mejorar la competitividad. Sin embargo, el avance de estas dos décadas ha sido heterogéneo. La demanda de gas sigue altamente concentrada en Lima y Callao (94%), donde los grandes consumidores eléctricos han permitido diluir costos y hacer viable la distribución a menor precio. Fuera de la capital, el desarrollo ha sido más lento. En el segmento residencial, la cobertura en Lima (56,5%) y en Ica (44,0%) supera ampliamente a la del norte (16,0%) y, sobre todo, a la del sur (2,4%). Además, mientras en Lima e Ica la demanda eléctrica explica una parte importante del consumo, en el norte y el sur predomina el uso residencial y comercial, lo que dificulta alcanzar escalas suficientes de demanda que permitan abaratar las tarifas. En consecuencia, estas son más caras e impiden que se impulse una mayor demanda de gas natural fuera de Lima y que esa mayor demanda, a su vez, permita reducir las tarifas en un futuro, motive mayor inversión en exploración y haga viable la construcción de ductos. Así, pese a contar con más recursos energéticos, el Perú registra escasa inversión en exploración, tarifas diferenciadas de gas según concesión, y baja masificación e infraestructura de transporte. El rezago en infraestructura es particularmente notorio. Perú cuenta con apenas 1.558 kilómetros de ductos de transporte de gas natural, equivalentes a 1,2 kilómetros por cada millón de kilómetros cuadrados de territorio. En comparación, Colombia y Argentina disponen de redes varias veces más extensas y con mayor cobertura geográfica. Esa diferencia es relevante para la masificación: el costo de llevar gas a nuevos centros de demanda en el Perú sigue siendo alto. Además, la escasez de ductos no solo limita la cobertura residencial; también restringe la posibilidad de conectar industrias; centrales térmicas como el Nodo Energético Sur; y otros consumidores relevantes que podrían abaratar el costo de la distribución para todos. La coyuntura reciente también recuerda que, ante la escasez de los recursos que permiten una generación de energía a costos bajos, como el agua o el gas natural, el sistema eléctrico se encarece. Así, esta emergencia demuestra que la seguridad energética no depende únicamente de contar con recursos disponibles, sino de tener un sistema capaz de transportarlos, distribuirlos y usarlos con flexibilidad: cambiando entre fuentes de energía, adaptando el consumo y respondiendo ante las crisis. En esa discusión, el gas natural es una pieza central. No solo porque su diseño contractual ha permitido mantener los precios relativamente bajos y estables, por ejemplo, durante el Fenómeno el Niño Costero de 2023, sino porque su uso eficiente reduce la exposición del país a combustibles más caros y a shocks externos. Sin embargo, la inversión en hidrocarburos perdió prioridad en el Estado. En los últimos cinco años, el sector atravesó un nuevo ciclo de precios altos sin que ello se tradujera en una inversión significativa. Desde el desarrollo de Camisea no se han concretado nuevos grandes proyectos gasíferos, la exploración se ha reducido significativamente y las reservas probadas de gas (las de mayor certeza) acumulan varios años de caída. A ello se suma que, entre 2021 y 2025, apenas se realizaron tres perforaciones exploratorias, frente a 47 en el quinquenio 2011-2015. Esto es crítico porque sin exploración no hay reposición de reservas que respalden el proceso de masificación en el largo plazo. Esa debilidad responde, principalmente, al entorno para invertir. El IPE ha recogido evidencia que dimensiona la tramitología: permisos en manos de muchas entidades cuyos plazos exceden largamente los legales; discrecionalidad municipal excesiva, reflejada en la alta heterogeneidad de requisitos y plazos para desplegar redes de distribución; y, manejo inadecuado del trato con las comunidades y la conflictividad social. A ello se añade una institucionalidad fragmentada, con una alta rotación de autoridades y capacidades técnicas y presupuestales insuficientes en entidades clave para regular, promover y supervisar el sector. El resultado es un marco menos predecible, que resta competitividad frente a otros países y capacidad para viabilizar proyectos de largo plazo. Por eso, la respuesta de política exige ir más allá de administrar la emergencia. Lo urgente es retomar una agenda profunda para asegurar una matriz energética más robusta. Esta puede organizarse en los siguientes frentes: 1. Fortalecer al Minem, Osinergmin y Perupetro, para que puedan cumplir un rol predecible y técnico en la planificación del sector, su regulación y la promoción de inversiones. 2. Modernizar el marco regulatorio para acelerar trámites y promover nuevas inversiones en exploración y explotación. 3. Mayor voluntad política y coordinación interinstitucional para impulsar estrategias eficientes para promover la masificación. La tarifa nivelada aprobada resulta insuficiente. 4. Destrabar permisos y reducir la discrecionalidad en la regulación aplicable a la expansión de redes. Eso exige procedimientos municipales uniformes, una eliminación efectiva de barreras burocráticas y mejores catastros urbanos para facilitar servidumbres y
