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En la última década, el menor dinamismo económico detuvo el ritmo de reducción de la pobreza. En 2019, esta llegó a 20%, una mejora significativa frente a 60% de inicios de los 2000. Sin embargo, el Covid-19 revirtió esta tendencia y, al 2024, aún se mantiene por encima de los niveles prepandemia. En este contexto, uno de los principales retos del próximo gobierno será promover la inversión privada necesaria para recuperar un ritmo más acelerado de crecimiento que reduzca sostenidamente la pobreza. Por ello, el IPE revisó los planes de gobierno y sus propuestas orientadas a alcanzar este objetivo.
Evidencia
La evolución de la pobreza en el Perú evidencia el rol de la inversión privada como motor de crecimiento y desarrollo. Entre 2004 y 2014, la inversión privada creció a tasas de dos dígitos, lo que permitió una reducción rápida de la pobreza (3,6 puntos porcentuales en promedio cada año), especialmente en las regiones más pobres como Huancavelica, Huánuco y Apurímac. Sin embargo, entre 2015 y 2024, la inversión privada avanzó a un ritmo menor (1% en promedio anual), insuficiente para reducir la pobreza, que aumentó en 0,5 puntos porcentuales en promedio al año, con un claro salto desde la pandemia. El deterioro se concentró principalmente en el ámbito urbano, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao, donde la pobreza urbana se triplicó de 2015 a 2024.
Propuestas
De los 35 planes, 13 (a) contienen metas específicas de reducción de la pobreza al 2031. Dos plantean reducirla a menos de 20%, mientras que la mayor parte se concentra en un rango de 15% a 20%. En contraste, otros planes formulan objetivos improbables: Perú Libre propone una meta de menos de 10%, mientras que el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Perú Moderno contemplan su erradicación hacia 2031.
El tipo de medida más común es la mejora de los programas sociales existentes, que incluye una mejor focalización, mayor cobertura rural o la modernización de los registros. Asimismo, 24 (b) planes fomentan la asistencia técnico-productiva y la mejora de capacidades para el empleo.
En tanto, pese a sus implicancias fiscales, 21 (c) partidos priorizan otras medidas asistencialistas —como la creación de programas sociales o el otorgamiento de bonos—. Por ejemplo, Perú Libre propone un esquema de ingreso básico garantizado para todos los adultos mayores, mientras que Libertad Popular plantea el programa “Cheque Minero”, una transferencia a familias pobres de distritos mineros, financiada con recursos del canon. Además, nueve de ellos plantean también subsidios
focalizados. A estos se suman tres partidos, para un total de 12 (d), que proponen este tipo de mecanismos dirigidos, por ejemplo, a hogares pobres sin acceso a Internet o sin una vivienda digna.
En contraste, solo 16 (e) planes contienen propuestas que evidencian el rol de la inversión privada como un factor sustancial para la reducción de la pobreza: por ejemplo, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y Unidad Nacional priorizan esquemas de colaboración público-privada para cerrar brechas de infraestructura y servicios básicos. En cambio, Juntos por el Perú, Perú Libre y Venceremos proponen sustituir la inversión privada por empresas públicas y planificación estatal de la economía.
Brechas persistentes
Combatir la pobreza requiere asegurar servicios públicos de calidad. Sin embargo, en general, las regiones con mayores niveles de pobreza están más rezagadas en indicadores clave como acceso a agua y desagüe, niños con desnutrición crónica y logro educativo. La baja calidad de los servicios básicos se refleja en la insatisfacción ciudadana. En 2012, el 40% de la población se declaraba satisfecha con al menos dos de los siguientes tres servicios públicos: médicos, educativos y carreteras. Sin embargo, 10 años después cayó a 30% y, en 2025, según Ipsos, se encuentra en 23%.
Según cálculos del IPE, la pobreza en 2025 habría bajado hasta aproximadamente 25,6%, en un contexto nuevamente favorecido por una inversión privada creciendo a doble dígito. Para acelerar esta reducción, el gobierno entrante debe priorizar medidas que impulsen un clima de negocios favorable y mayores niveles de competitividad, así como garantizar la calidad de los servicios públicos.