Incertidumbre en la fiscalía por reposición de Patricia Benavides: ¿Cuál es la situación y qué es lo que se espera? Enrique Castillo: “El gobierno de Dina Boluarte es el único en muchísimos años que no ha tenido oposición” Una pericia de parte, encargada por la clínica del doctor Mario Cabani, concluyó que la firma que aparece en un decreto supremo no corresponde a la de la presidenta Dina Boluarte —un asunto bajo investigación de la Fiscalía de la Nación, ya que, en el momento en que se suscribió dicho decreto, la mandataria se encontraba internada en el centro médico tras someterse a una cirugía. La información, revelada el domingo pasado por “Cuarto Poder”, añade un nuevo elemento a un caso que podría escalar tanto en el ámbito judicial como en el político. El canciller Elmer Shialer buscó restarle validez al mencionado peritaje de parte el último lunes 16. Según Schialer, el procedimiento carece de fuerza jurídica si no proviene de un análisis realizado de manera oficial. “Lo que vale, y es muy importante, es un procedimiento pericial formal por parte de quien está reconocido para hacerlo en el Poder Judicial o en el órgano investigativo del caso. Yo, como parte, puedo presentar cualquier cosa. No estoy diciendo que sea falsa o verdadera, simplemente estoy señalando que es una acción pericial de parte”, aseguró en diálogo con la prensa desde el Congreso, a donde acudió para presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores. En tanto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, salió en defensa de su patrocinada, asegurando que el propio Ministerio Público ya llevó a cabo una pericia institucional que concluyó que las firmas sí eran auténticas. Según el abogado, “se ha concluido de manera categórica y determinante que las firmas son auténticas y originales” y corresponden al puño gráfico de la presidenta. “La tesis de la Fiscalía fue clara, aunque hoy lo niegue: como mi clienta no estaba en condiciones – producto de la intervención – de firmar normas; entonces, no gobernó. ¿Y cómo lo quería probar? Pues, estrictamente, con la pericia. Hoy, esa hipótesis es negada con un profesional de su propia institución”, dijo. De acuerdo con el abogado, el análisis se realizó comparando la firma de la presidenta en su declaración indagatoria ante la fiscalía junto a 295 normas, entre decretos, resoluciones supremas y actas de sesión del consejo de ministros, desde enero del 2023. “El tiempo finalmente nos dio la razón. Fiscalía no esperó la pericia porque sabía de sus resultados. Pese a ello, denunció el caso ante el Congreso de la República, renunciando a su deber de investigar diligentemente. Nunca hubo un caso penal serio, lo que hubo fue un uso político de este caso desde sus inicios”, afirmó. En diálogo con Canal N, Portugal precisó que el informe se concluyó el pasado 27 de mayo. Posiciones enfrentandas La pericia privada provocó posiciones opuestas en el Congreso de la República. La primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), le restó trascendencia. “Es lo que dice un perito. Pero hasta en un litigio judicial se contrasta con, por lo menos, dos peritos para determinar si es que es cierto. Lo que me parece grave son las declaraciones del doctor Cabani, quien, se supone, por lo menos debería tener el secreto profesional respecto a la salud o lo que hace con un paciente”, dijo a la prensa en el Congreso. En tanto, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) señaló que el caso no sería causal de vacancia presidencial. “Si es una firma falsa, obviamente es muy grave y tendríamos que pensar seriamente en qué actitud tomar. Es una falta grave que puede ser no solo investigada, como manda la Constitución. [Pero] no está en las causales de vacancia”, dijo en diálogo con RPP. En contraste, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) consideró que el descubrimiento justificaría el inicio de un procedimiento de vacancia. “Bastaría con eso en cualquier país sensato para iniciar un proceso de vacancia, pero aquí no va a ocurrir eso porque sus fuerzas parlamentarias que gobiernan con ella la han blindado”, dijo. “La gran responsabilidad aquí es de esas fuerzas políticas, que también gobiernan acá en el Congreso, que son su mayoría, que la blindan y la protegen. Evidentemente, no hay mal que dure 100 años”, añadió. Voces especialistas El abogado penalista Vladimir Padilla planteó sus dudas en torno a la pericia de parte, considerando que el procedimiento pericial requiere tener muestras comparativas de la época en que se firmó el documento en disputa. “Me llama la sospecha que la clínica haya podido llevar a cabo una pericia, porque para eso se necesitan firmas coetáneas; es decir, trazos o firmas correspondientes a las mismas fechas que la firma bajo evaluación, así como compararlos con documentos originales. Solo así se puede determinar si provienen del mismo puño gráfico”, dijo. Consultado sobre las consecuencias penales para la mandataria de comprobarse que su firma fue falsificada, señaló: “Creo que se le podría imputar [a la presidenta] la utilización de documentos falsos”, enfatizó. El penalista Andy Carrión también se refirió al procedimiento pericial institucional, considerando que el peritaje realizado por el propio Ministerio Público tiene una fuerza jurídica que el peritaje de parte no tendría. “Una pericia institucional, que emite el propio Ministerio Público, tiene una valoración distinta. Lo que se esperaría en este caso es que puedan confrontarse las pericias que vayan a elaborarse”, afirmó. En relación con las consecuencias penales que podría enfrentar la mandataria en caso de demostrarse que su firma fue falsificada, afirmó: “La consecuencia directa sería enfrentar una investigación por el delito de falsificación. Recordemos que este delito también se puede dar delegando a otro que rubrique la firma en su nombre; es decir, una instigación a la falsificación”.
