La reforma universitaria trunca y los retos de la investigación en el Perú Aprueban licenciamiento permanente para universidades: el impacto en la calidad educativa En el último tiempo, son más de una decena los proyectos de ley presentados en el Congreso cuyo objetivo es interferir de forma determinante en los procesos más importantes de las universidades del país. Lo preocupante es que estas iniciativas están a un paso de ser debatidas y aprobadas en el Pleno, efectuándose así un nuevo y duro golpe contra la reforma universitaria. Estas propuestas legislativas flexibilizarían el proceso de admisión, la obtención del bachillerato y la titulación de los estudiantes. Las bancadas que están detrás de estos cambios en el sistema universitario son Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Podemos Perú. Todas juntas han presentado 15 proyectos de ley que terminaron agrupándose en tres dictámenes, los mismo que con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, se encuentran en la agenda del Pleno. Asimismo, los parlamentarios que más han promovido dichas iniciativas son Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Esdras Medina, quienes a su vez también fueron los que impulsaron la contrarreforma universitaria. Durante la primera quincena de abril, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen que establece el ‘ciclo cero’ como única forma de ingreso a las universidades, lo que ha originado hasta ahora un intenso debate debido a un probable impacto sobre la autonomía universitaria y la calidad educativa. En estos momentos, todo queda en manos del Pleno, el cual deberá decidir si convierte en Ley dicha propuesta, la cual ya está en agenda. La iniciativa establece que las universidades deberán implementar un semestre académico preparatorio a través de sus centros preuniversitarios. Este ciclo debe incluir cursos de formación en habilidades cognitivas, pensamiento científico, razonamiento verbal y matemático, historia, filosofía, geopolítica, realidad nacional y tres asignaturas de especialización por cada carrera. El dictamen, impulsado por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo (ambos de Perú Libre) y que agrupa tres proyectos de ley (7726, 7998 y 10114), fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. De acuerdo al documento de la propuesta, las universidades deberán disponer dos ‘ciclos cero’ ordinarios por año. Los estudiantes tendrían que aprobar tres exámenes presenciales por cada una de las materias, debiendo obtener, como promedio ponderado, un puntaje mínimo de 13 para acceder a una vacante universitaria. Para acceder al ’ciclo cero‘, los postulantes deberán presentar su certificado de estudios secundarios y realizar un pago único equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/267,50. Asimismo, los recursos generados por el concepto de inscripción serán intangibles, siendo únicamente destinados para la infraestructura, el pago de docentes y dotación de medios y materiales de enseñanza. El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, indicó que la propuesta viola la autonomía universitaria y afecta el tema presupuestal de las universidades. En tanto, el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori, explicó que esta no resuelve el problema de fondo. “Las universidades públicas no amplían sus vacantes pese a que en 10 años se ha duplicado sus presupuestos. Eso se debe ver, en vez de poner mayores barreras y ampliar el tiempo de estudios de forma populista”, dijo. Por su parte, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), el Consorcio de Universidades y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior señalaron que el ‘ciclo cero’ representa un serio riesgo para la autonomía universitaria, al fijar formas de ingreso, costos, duración y cursos. Los gremios, liderados por Confiep, IPAE, AFIN y la SNI, también alzaron su voz de protesta por este acto de “populismo”. El segundo dictamen tiene que ver con aquel que establece el bachillerato automático permanente en universidades, el cual se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso desde marzo. Este dictamen agrupa siete proyectos de ley promovidos por Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón, Esdras Medina, Segundo Quiroz, Óscar Zea, Paul Gutiérrez y Katy Ugarte. Asimismo, propone que para obtener el bachillerato solo se acredite la conclusión del pregrado y el dominio del inglés o de una lengua nativa. Nada más. Es decir, esta iniciativa legislativa exoneraría a los alumnos de las instituciones de educación superior de recibir una nota aprobatoria en un trabajo de investigación. Esta medida involucra a alumnos de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, que hayan culminado con su plan de estudios y otros requisitos de pregrado con nota aprobatoria. Cabe mencionar que el 2 de mayo del 2021, se publicó la Ley N° 31183, que aprobó el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que durante los años 2020 y 2021 aprobaron los estudios de pregrado. Asimismo, el 23 de noviembre de ese mismo año, se publicó la Ley N° 31359, que extendió el plazo para obtener dicho grado hasta el año académico 2023. Ya en diciembre del 2023, la publicación de una nueva ley (N° 31971) dispuso la extensión del plazo otorgado para obtener el bachillerato automático hasta el 31 de marzo del 2024. Esto muestra que en el último tiempo se ha venido prorrogando en varias oportunidades la disposición de exoneración de presentación y aprobación del trabajo de investigación para el bachillerato. El exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, sostuvo que los legisladores tratan de asociar esta iniciativa “populista” con que los egresados no demorarán mucho para su inserción laboral. “El Congreso sigue legislando sin evidencias. Desde el 2020 se viene ampliando el bachillerato automático y hasta ahora no realizan una evaluación de su impacto. ¿En verdad ha servido para que tengan trabajo rápidamente?”, cuestionó. En tanto, el presidente de la Aunap, Américo Guevara, refirió que se pierde la oportunidad de formar semilleros en investigación porque este era el primer paso para saber quiénes se perfilaban como investigadores. La última propuesta que figura en la agenda del Pleno del Congreso busca que los estudiantes obtengan el título profesional a través de una universidad