Congreso: Más de la mitad de los presidentes de comisiones arrastran denuncias ¿quiénes son?
Martín Vizcarra internado en Barbadillo: el régimen, las condiciones del penal y la posibilidad de que interactúe con los otros expresidentes presos El “comportamiento cuestionable” de Martín Vizcarra y su intento de “manipular al sistema judicial”: los elementos que definieron su prisión preventiva El cuadro de comisiones ordinarias del Congreso cierra el último año de la era unicameral con un panorama cuestionable: 14 de los 24 presidentes arrastran denuncias de casos registrados durante el ejercicio de sus funciones, que implican hechos graves como las denuncias por recortes de sueldo a sus trabajadores, o por su vinculación como parte de la red legislativa del expresidente Pedro Castillo. Suman cinco los parlamentarios que presidirán comisiones y han sido denunciados por recorte de sueldos a sus trabajadores, en el caso mejor conocido como el de los mochasueldos. El más llamativo es el de Magaly Ruiz, representante de Alianza para el Progreso (APP), quien preside la Comisión de Salud. Ruiz fue acusada de recortar sueldos, precisamente cuando se desempeñaba como presidenta de una comisión extraordinaria. En el 2024, Carlos Marina Puscán, trabajador de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que lideraba Ruiz, aseguró que la legisladora le cobraba S/1.500 mensuales por mantenerse en su puesto laboral. Pese a todos los indicios, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación. La fiscalía también denunció constitucionalmente a la legisladora María Acuña, de APP, por el caso de los mochasueldos, pero la SAC archivó el tema al igual que lo hizo con su colega Ruiz. En los últimos meses, Acuña ha acumulado otras polémicas, que van desde invadir espacios públicos, tener vínculos con el sector minero pese al impedimento de ley y presidir la SAC a pesar de que tenía una investigación que le impedía asumir tal cargo. Heidy Juárez (Podemos), actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, es otra legisladora denunciada por el recorte de sueldo a sus trabajadores. En este caso, cuatro extrabajadores que laboraron en su despacho congresal habrían sido obligados a dar sumas de dinero para beneficio de la congresista, a través de su asesor principal Miguel Chafloque. Otros legisladores también tienen más de una denuncia, como es el caso de José Arriola, de la bancada Podemos, quien ha sido denunciado porque, según la pesquisa del Ministerio Público, el recorte total a los trabajadores ascendería a más de cien mil soles. Arriola también ha sido comprendido en el caso conocido como ‘Los Niños’, una indagación que arrastra de cuando formaba parte de Acción Popular. La fiscalía acaba de presentar una denuncia constitucional contra los que habrían conformado el brazo congresal del preso expresidente Pedro Castillo. Esta denuncia comprende a 24 parlamentarios, entre los que se encuentran cuatro que presidirán comisiones para el período 2025-2026. En este caso de ‘Los Niños’, la designación más llamativa es la de Elvis Vergara, quien presidirá la Comisión de Fiscalización. En el 2022, en esta misma comisión, la empresaria Karelim López sindicó a Vergara como parte de los legisladores vinculados a Pedro Castillo que se habrían beneficiado con contratos de empresas de origen chino a cambio de votos en el Parlamento. La fiscalía no ha sido la única institución que ha denunciado a congresistas. La procuraduría denunció a cuatro legisladores por el presunto delito de peculado por los cuestionados viajes que realizaron en Año Nuevo con dinero del Estado. Entre los denunciados se encuentra Flavio Cruz, representante de Perú Libre que presidirá la Comisión de Justicia. La procuraduría también solicitó iniciar diligencias preliminares contra otros tres parlamentarios por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado, a raíz de un presunto reembolso de combustible en actividades que no cumplían representación oficial. Entre los involucrados estaba Silvana Robles, de la actual Bancada Socialista, que encabezará el grupo de trabajo de Pueblos Andinos. Este Diario también reveló que Robles facilitó la contratación de dos hermanos en la planilla legislativa, mediante su propio despacho y mediante otra comisión que presidió su bancada. El caso de contratación de familiares en la planilla del Congreso también implica a otros congresistas como Arturo Alegría, nuevo presidente de la Comisión de Constitución. Este Diario reveló, además, que tres financistas de la campaña de Alegría ingresaron a trabajar en dependencias legislativas. Para Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en temas legislativos, existen dos factores que han influido en el nombramiento de las presidencias: la influencia y la poca oportunidad de reelección. “Han nombrado a congresistas cuestionados que son manipulables, y que han demostrado que no tienen escrúpulos para intereses subalternos. También incide que son personajes sin chance de ser reelectos y les están dando oportunidad de maximizar el uso de su cargo en este último año”, dijo Rospigliosi tras advertir que toca estar pendientes de los grupos informales e ilegales que buscarán infiltrar sus agendas en estas comisiones.