Ausencias, gestos y silencios: el detrás de cámaras de la entrega de credenciales a los senadores del nuevo Congreso bicameral El último tramo: un centenar de actas pendientes, pero que ya no alcanza para revertir el resultado Para estos efectos, la frase “cada voto cuenta” nunca había sido tan literal. Ello porque, además de que cada voto emitido en las urnas ha permitido definir a las próximas autoridades, también servirá para determinar cuánto dinero recibirán de parte del Estado aquellos partidos políticos que lograron representación parlamentaria durante el próximo quinquenio 2026-2031. Se trata de la otra cara del resultado electoral. MIRA TAMBIÉN: ¿Quiénes buscan llegar a la Alcaldía de Lima?: Partidos esperaron hasta el último día para inscribir a sus candidatos Según un análisis elaborado por el Instituto Aklla Perú, el Estado tendrá que destinar, a través de la figura del financiamiento público directo, más de S/222 millones a las seis agrupaciones políticas que lograron ubicar senadores y diputados tras las Elecciones Generales 2026. Es decir, un monto que será distribuido entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y el Partido Ahora Nación [ver gráfica]. En sentido estricto, ello significará un incremento del 185% respecto a los casi S/78 millones desembolsados para el período 2021-2026, que está ad portas de concluir. En el caso de las agrupaciones que vuelven a tener representación parlamentaria, el aumento llega incluso a superar el 400% respecto a lo que recibieron en el quinquenio anterior. ← Desliza la tabla para ver toda la información → FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO ESTIMADO QUINQUENIO 2026-2031 2021-2026 S/77,98 millones 2026-2031 S/222,12 millones Incremento +185% Partidos beneficiados 6 Partido político Monto 2021-2026 Monto 2026-2031 Variación Ahora Nación — S/31,878,950.01 Sin antecedente Fuerza Popular S/9,575,305.88 S/45,738,927.61 +378% Juntos por el Perú S/6,873,214.75 S/37,233,797.40 +442% Partido Cívico Obras — S/32,601,749.41 Sin antecedente Partido del Buen Gobierno — S/36,829,101.20 Sin antecedente Renovación Popular S/8,432,687.22 S/37,836,816.88 +349% TOTAL S/77,980,016.40 S/222,119,342.50 +185% Fuente: Instituto Aklla Perú. Si bien este incremento está vinculado con el retorno del sistema de dos cámaras, al que el país vuelve tras más de 30 años, específicamente responde a una modificación introducida mediante la Ley N.º 32254, aprobada en enero del 2025 por el Congreso saliente. Hasta entonces, se establecía que este financiamiento público se calculaba en función de los votos emitidos para elegir a los representantes al Congreso —entiéndase, de composición unicameral—. Lee también: Ausencias, gestos y silencios: el detrás de cámaras de la entrega de credenciales a los senadores del nuevo Congreso bicameral Sin embargo, con la modificación, la norma pasó a tomar como referencia los votos obtenidos por cada organización política tanto en la elección de diputados como en la de senadores. De hecho, la propia ley precisa textualmente que, si una agrupación obtiene representación únicamente en una de las dos cámaras, el cálculo se efectuará solo sobre los votos alcanzados en esa elección. En la práctica, se trata de una modificación al articulado del financiamiento público directo que cambia las reglas del juego, eleva significativamente el monto proyectado y sobre la cual la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá pronunciarse en las próximas semanas para oficializar la cifra definitiva. Para entender cómo se llega a ese monto, es importante partir del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas. La norma establece que el financiamiento público directo se calcula multiplicando el 0,1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido en la elección parlamentaria. La diferencia es que ahora existen dos elecciones: una para diputados y otra para senadores. Lee también: El último tramo: un centenar de actas pendientes, pero que ya no alcanza para revertir el resultado En el 2021, el cálculo fue sencillo. Se tomó el equivalente al 0,1% de la UIT vigente ese año —S/4,40— y se multiplicó por los 17′722.731 votos emitidos para elegir congresistas. El resultado fue un fondo de S/77′980.016 para distribuirse entre las diez organizaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria durante el quinquenio 2021-2026. Ahora el escenario cambió. Ya no se eligen 130 congresistas, sino 190 parlamentarios distribuidos entre las cámaras de Diputados y Senadores. Además, la UIT pasó de S/4.400 en el 2021 a S/5.500 este año, por lo que el equivalente del 0,1% aumentó de S/4,40 a S/5,50 por voto emitido. A ello se suma el crecimiento del padrón electoral. “Lo que ocurre es que siempre ha habido un cálculo de 0.01% de una UIT respecto a cada voto emitido durante una elección parlamentaria con Congreso unicameral. Ahora, en la modificación normativa a razón de la bicameralidad, se ha señalado que este 0.1% por voto emitido es por cada una de las dos cámaras; es decir, diputados y senadores. Si a esto le agregamos que la UIT del 2021 es diferente a la actual, cuyo 0.1% equivale a S/5.50, estamos sin lugar a dudas frente a una situación de por sí de incremento bastante importante, con lo que prácticamente casi se triplica el presupuesto”, explicó a El Comercio José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú. El especialista agregó que, únicamente por efecto del incremento de la UIT, cada voto emitido —sea válido, nulo o en blanco— pasó de representar S/4,40 a S/5,50. Estimó que, si bien es positivo que la norma contemple la distribución de recursos para gastos administrativos y de capacitación, estos deben ejecutarse adecuadamente y con seriedad. Asimismo, remarcó que deben irse “afinando” los mecanismos de control que pueda tener la ONPE respecto del uso de estos recursos. A su juicio, el organismo electoral requiere un marco normativo más eficiente, mejores herramientas tecnológicas, mayor capacidad para cruzar información y un sistema más robusto para supervisar proveedores, contrataciones y ejecución del gasto. “Hay que tener un cuidado enorme con esos recursos. Si no se fortalecen los controles, se puede terminar festinando ese dinero”, afirmó Tello, al advertir que esa debería ser una de las primeras reformas que se aborden una vez iniciado el próximo quinquenio. Por su parte, José Manuel Villalobos, abogado especialista