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‘Operadora’ de ‘Los Waykis’ habría presentado documentación falsa para ser subprefecta Eliane Karp busca dilatar proceso de extinción de dominio sobre bienes por US$ 5 millones Los testimonios y la evidencia aportada por tres colaboradores eficaces de la fiscalía vinculan al expresidente Ollanta Humala con el accionar el ‘Club de la Construcción’, una presunta organización criminal conformada que se repartió ilícitamente la adjudicación de al menos 30 obras durante su gobierno. Por este caso, el equipo especial Lava Jato pide 13 años de prisión, lo acusa haber integrado esa red criminal y de haber recibido coimas para dejarlos operar. El Comercio accedió al requerimiento presentado al Poder Judicial por el fiscal Germán Juárez contra Ollanta Humala, otras 28 personas y 19 empresas. Allí se citan las declaraciones de los colaboradores como elementos de convicción (evidencia) contra Ollanta Humala, además de las declaraciones de otros testigos que complementan esos dichos. Todos ellos corroborarían, a criterio del Ministerio Público, la imputación de que el expresidente recibió pagos del ‘Club’. LEE TAMBIÉN | Ollanta Humala recibió pagos del ‘Club de la Construcción’ vinculados a 30 obras, según acusación fiscal Según informó este Diario este lunes en un primer informe sobre este requerimiento acusatorio, la fiscalía estima que Ollanta Humala recibió aproximadamente US$ 10.5 millones como fruto de un supuesto acuerdo para garantizar la continuidad del funcionamiento del ‘Club de la Construcción’ durante su gobierno. Los pagos habrían estado relacionados a la adjudicación de 30 obras de carreteras a nivel de Provías Nacional: 23 licitaciones pública y 7 concursos públicos. El expresidente y su defensa legal rechazan la acusación y confían en que será desvirtuada a nivel judicial. Además, consideran que estas declaraciones no pudieron ser corroboradas durante la investigación del caso. Tras la presentación del requerimiento, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional deberá notificar el documento al resto de partes y luego convocarlas a las audiencias de control de acusación, fase en que se decidirá si el caso tiene mérito para ir a juicio oral. De acuerdo con la tesis acusatoria, en el 2011 las empresas del Club de la Construcción acordaron destinar pagos a “las altas esferas” del gobierno de Ollanta Humala para asegurar sus operaciones durante su gobierno. El supuesto esquema consistía en que las constructoras entreguen primero el dinero al Rodolfo Prialé, que este le dé una parte a Carlos García Alcázar (asesor en el Ministerio de Transportes) y que este a su vez se lo dé a José Paredes Gutiérrez. José Paredes Gutiérrez era por entonces un amigo de Ollanta Humala y era el hermano de su entonces ministro de Transportes, Carlos Paredes Gutiérrez. La acusación lo señala como la persona que, en octubre de ese año, llevó la propuesta del ‘Club’ al presidente durante una reunión en Palacio de Gobierno. Luego, según la fiscalía, el líder nacionalista accedió y su amigo se encargó de hacerle todas las entregas de dinero personalmente en la misma sede de gobierno. La versión del presunto esquema para que los pagos lleguen desde el ‘Club’ hasta Palacio de Gobierno se apoya en el testimonio del colaborador eficaz de clave CE 14-2018. A diferencia de otros casos, como el del expresidente Martín Vizcarra, aquí los colaboradores no tienen identidad revelada, por lo que las menciones que se les hacen en el requerimiento fiscal son mediante sus claves. “Sé que Prialé de la Peña, ni bien podía disponer el dinero producto de los pagos de comisión en los porcentajes acordados con los empresarios, directamente o por intermedio de Luis Humberto Prevoo Neira (otro acusado por este caso), entregaba parte del dinero cobrado al señor Carlos Eugenio García Alcázar en el interior de un departamento ubicado en (…) San Isidro, Lima”, dijo el CE 14-2018 a la fiscalía. “Todo el dinero que era entregado a García Alcázar siempre fue en dólares, los cuales eran cambiados en muchas oportunidades ya que la mayoría de pagos era en soles, dinero que hasta donde sé, era entregado a José Guillermo Paredes Rodríguez, que este a su vez, parte del mismo, se lo entregaba a su hermano Carlos Eduardo Paredes Rodríguez y éste a su vez hiciera llegar la parte correspondiente a su amigo Ollanta Moisés Humala Tasso”. El colaborador también indicó que Rodolfo Prialé “llevaba el dinero (a García Alcázar) en sobres manila o maletines de computadoras al departamento” y que “generalmente se tenía que reunir un monto importante y para ello se juntaban varias entregas por parte de los empresarios. “Esto era en un tiempo aproximado de una semana a quince días, hasta que el señor García considerara que el monto era importante (mayor a un millón de dólares) y entonces se le comunicaba al señor José Paredes para que pasara a recogerlo. El señor García le contaba al señor Prialé que cuando llegaba al señor Paredes a recoger el dinero, contaban los fajos en la mesa de centro de la sala y luego José Paredes, lo separaba en partes, hacía una repartición y ponía cantidades diferentes en maletines que él traía, ahí es donde introducía el dinero José Paredes y se los llevaba”. Como complemento, la fiscalía también cita el testimonio de Juan Relayza Sánchez, el conserje del edificio donde vivía el hoy acusado Carlos García Alcázar. En su declaración, relató que este “con bastante frecuencia recibía visitas de personas de sexo masculino”. Consultado sobre quiénes eran los visitantes, indicó que recordaba el nombre de Rodolfo Prialé y que “en varias oportunidades” vio también allí a José Paredes Gutiérrez. Otro de los colaboradores de la fiscalía es el de código CE 04-2019. Este dio cuenta un encuentro inicial entre el empresario Eduardo Sobenes (ligado a Ollanta Humala), José Paredes y Carlos García en agosto del 2011. Durante esta, el último le habría dicho a Paredes que “si ingresaba al Viceministerio de Transportes y Comunicaciones se podía dar grandes posibilidades de negocio ya que él conocía a muchas empresas constructoras y se podían establecer porcentajes en función de lo que se vaya

Santiváñez afirma que más del 70% de personas asesinadas en el 2024 tenían antecedentes: ¿Cuán cierta es esta información? Más de 2 mil bodegas han cerrado por las extorsiones: “Cobro de cupos se ha normalizado” Después de disputar un partido de fútbol en el sur de Lima, los jóvenes de iniciales C.M.C. y J.P.R.A. se dirigieron al distrito de Bellavista para disfrutar de unas cremoladas y conversar. Eran aproximadamente las 2:30 p.m. del último martes cuando, sin saberlo, serían víctimas de un brutal ataque. Sentados bajo unas sombrillas, cerca de la avenida Haya de la Torre, compartían un momento de calma junto a otros clientes del local. De pronto, cuatro sicarios irrumpieron en la escena. Todos vestían gorras, ropa oscura y deportiva. Uno de ellos, vestido con una polera roja, short negro y capucha, pasó cerca de las víctimas, iba acompañado de sus cómplices, como si estuvieran confirmando su identidad. Segundos después, el encapuchado regresó y, sin mediar palabra, abrió fuego. Más de diez disparos acabaron con la vida de ambos en cuestión de instantes. Lee también: Santiváñez afirma que más del 70% de personas asesinadas en el 2024 tenían antecedentes: ¿Cuán cierta es esta información? El ataque fue rápido y certero. Los sicarios huyeron dejando en total desesperación de los vecinos, quienes a gritos pedían auxilio. Mientras los asesinos escaparon en dirección al mercado San Pedro de Bellavista, la policía llegaba a la escena del crimen. Allí encontraron los cuerpos ensangrentados de los menores, quienes ya habían sido reconocidos por sus familiares. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro falleció en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Este doble homicidio se suma a una preocupante ola de violencia en el país, donde en lo que va del año han sido asesinados 18 menores a nivel nacional, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, analizados por el ingeniero electrónico Juan Carbajal. Con los dos menores asesinados en Bellavista, el número total de víctimas asciende a 20. En tanto, el año pasado se registraron 62 casos de asesinato de menores en todo el país. Lima, Callao y La Libertad acumularon más del 58% de los casos, con un total de 36 fallecidos. Con este último doble crimen, el número de menores asesinados en el Callao es de cinco. Fuentes policiales de El Comercio señalan que la mayoría de estos crímenes estarían vinculados a ajustes de cuentas, ya que el 90% ocurrió en la vía pública del primer puerto y con múltiples disparos. Además, también detallaron que lamentablemente hay una gran cantidad de jóvenes involucrados en crimen organizado y peleas entre bandas que ocasionan este tipo de desenlaces violentos entre otros menores, como el reciente hecho en Bellavista. Las cifras también revelan un patrón alarmante: al menos ocho de las víctimas tenían 17 años, cinco tenían 16, dos apenas 14 y otras dos 15, entre otras edades registradas. En tanto, ocho de los hechos de sangre ocurrieron en la vía pública. Según expertos consultados, las organizaciones criminales reclutan a menores de edad debido a su inimputabilidad, lo que les permite recuperar la libertad en un corto periodo, a diferencia de los adultos, quienes pueden enfrentar cadena perpetua. Además, señalaron que un factor común entre estos jóvenes es su crecimiento en entornos disfuncionales, donde la calle se convierte en una vía de escape y la criminalidad en un modelo a seguir. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, explicó a El Comercio que el crimen organizado transnacional encuentra en las zonas más abandonadas y con menor presencia del Estado a menores de edad vulnerables para integrarlos a sus redes delictivas. Según indicó, este fenómeno no es nuevo, pues el sicariato infantil y juvenil ya está estructurado en países como México, y en Perú está siendo replicado a modo de franquicias. Lee también: Lee también: Santiváñez afirma que más del 70% de personas asesinadas en el 2024 tenían antecedentes: ¿Cuán cierta es esta información? Para Liendo, la falta de una estrategia integral por parte del Estado peruano agrava la situación, ya que solo se aplican medidas aisladas sin un plan a largo plazo para enfrentar el crimen organizado. En este sentido, enfatizó que el Ministerio Público y el Poder Judicial no cuentan con la capacidad necesaria para administrar judicialmente este fenómeno debido a la fuerte influencia del crimen organizado. Desde su perspectiva, la única solución efectiva sería la implementación de medidas excepcionales, como jueces sin rostro y la creación de centros de detención temporal para menores infractores, con el fin de apartarlos del entorno criminal. “La estrategia implica un combate frontal contra el crimen trasnacional organizado en la dimensión política, económica, social y de las fuerzas de seguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional para organizar detenciones masivas con penas agravadas, juicios sumarios, jueces sin rostro y campos de detención temporales tipo prisioneros de guerra por un periodo de 6 a nueve meses, con la finalidad de crear un espacio de tranquilidad en la sociedad y al gobierno para que haya reformas estructurales en la policía y el Ministerio Público. Todo esto de acuerdo a la constitución, a las leyes de los regímenes de excepción”, precisó. A diferencia de Liendo, el ministro del Interior y exjefe de la Región Policial Callao, Cluber Aliaga Lodtmann, rechazó la aplicación de medidas como detenciones masivas y jueces sin rostro, argumentando que representarían un retroceso para la sociedad. En su opinión, existen diversos sistemas pedagógicos para tratar a los menores infractores, pero estos no se implementan debido a la falta de capacidad y preparación de las autoridades. Aliaga Lodtmann enfatizó que la delincuencia se encuentra focalizada en ciertas zonas y que el principal problema es la ausencia de programas estatales de prevención social dirigidos a niños, niñas y adolescentes provenientes de entornos disfuncionales o con antecedentes delictivos en la familia. “La falta de programas formales e informales de apoyo es preocupante. En las zonas más peligrosas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de