Juan José Santiváñez realizó 14 designaciones de altos funcionarios en un mes al frente del Ministerio de Justicia Tuesta sobre Petro-Perú: “Se vienen más [rescates] en el año y lo peor es que esto no acaba, va a volver a tocar la puerta del Estado” Tres semanas antes de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgara un nuevo rescate financiero a Petro-Perú por US$287,3 millones (en emisión de bonos soberanos, cuyo vencimiento será en agosto del 2034), la presidenta Dina Boluarte avaló esta transferencia. Entre el 2013 y mayo pasado, la empresa estatal ha recibido préstamos estatales por más de S/24.000 millones. Según el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 3 de setiembre último, a la que El Comercio tuvo acceso, Boluarte Zegarra consideró que Petro-Perú “es una empresa estratégica” para el país, porque “cumple un rol importante en la economía nacional” y destacó que su cobertura “alcanza a todo” el territorio. También recordó que la referida empresa estatal “se encuentra dentro de un proceso” especial desde el 2023, a raíz de la inversión en la refinería de Talara. Ese año la compañía reportó pérdidas de US$822,8 millones, mientras que en el 2022 el saldo negativo fue de US$271 millones. Lee también: Gobierno de Perú confirma que financiará los gastos de capital de la endeudada Petroperú Boluarte expresó, en ese sentido, su “preocupación” sobre la recuperación económica de Petro-Perú y solicitó “que se adopten medidas programáticas para mejorar el estado económico de la empresa”. Además, sostuvo que existe la necesidad de incorporar mecanismos de control y de trazabilidad de los productos de la petrolera estatal, con el objetivo de evitar que estos sean utilizados en la minería ilegal, actividad “que genera un grave perjuicio sobre el ambiente y los derechos” de la ciudadanía. La intervención de la mandataria en la referida sesión del Gabinete Ministerial se dio después de la presentación de Alejandro Narváez Liceras, presidente del directorio de Petro-Perú. Narváez Liceras, según la misma acta de la cita, informó sobre la situación financiera de la empresa estatal en octubre del 2024, cuando asumió la presidencia de la compañía, y al cierre de ese año. Y, además, expuso sobre “los factores que generan impactos negativos en los resultados” de Petro-Perú, las ventas de combustibles líquidos a nivel nacional y en Madre de Dios, así “como la protección de la compañía al 2030”. Lee también: Dina Boluarte: ¿Cuál es el estado de su demanda laboral para que el Reniec le pague S/230 mil? Una interferencia Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla consideró que el pronunciamiento de Boluarte en el Consejo de Ministros sobre la situación de Petro-Perú “va en contra de la gobernanza” de esta empresa estatal. Agregó que la junta de accionistas, que está representada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el MEF, “son los que finalmente deben acoger o desechar las propuestas del directorio” de la petrolera. “Que la presidenta se inmiscuya en estos problemas constituye una interferencia con el gobierno de esta empresa y, evidentemente, presiona [al MEF] para seguir salvando a una empresa que es insolvente”, manifestó en comunicación con El Comercio. Castilla refirió que “el factor ideológico pesa bastante” para que la administración de Boluarte continúe con los salvatajes a la petrolera estatal. “Obviamente, si tuviéramos a un gobierno de derecha de verdad y con mayoría en el Congreso, probablemente hubiera optado por una salida radical, porque se trata de una empresa insolvente. Si las perdidas superan el 50% de su capital social, eso debería activar un proceso concursal o medidas mucho más efectivas”, expresó. El ex titular del MEF opinó que la ruta de salida a la crisis económica de Petro-Perú pasa por cumplir el Decreto de Urgencia Nº013-2024, que incluye la contratación de un gestor privado, una desinversión en activos no estratégicos y “un plan real de reducción de personal de la referida empresa”. “Hemos visto que nada de esto ha ocurrido, la empresa sigue siendo manejada por intereses políticos y sindicales […] Los salvatajes a Petro-Perú, durante los últimos dos gobiernos, representan el 1% del PBI y eso es un montón de recursos”, acotó. Lee también: TC ordena la libertad de Betssy Chávez: ¿Este fallo puede favorecer al expresidente Pedro Castillo? La ex jefa de Gabinete Ministerial y ex titular del MEF Mercedes Aráoz afirmó que es “muy probable” que Petro-Perú vaya a continuar operando, pero remarcó que es necesario “cambiar su organización, vender activos y ‘adelgazar’ sus sobrecostos”. Aráoz Fernández, también ex vicepresidenta de la República, indicó que “es claro” que la presidenta Boluarte “está buscando soporte político” para la empresa estatal. Lee también: Juan José Santiváñez: ¿cuándo se votaría la moción de censura y qué argumentos la sustentan? A su turno, el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne dijo que las palabras de Boluarte pueden ser interpretadas de dos maneras: o busca un reperfilamiento de la deuda de Petro-Perú o direccionar mayores rescates. Añadió que los US$287,3 millones transferidos a la empresa estatal no serán suficientes y que lo más probable es que el gobierno encamine una nueva inyección de capital. “Claramente, hay un componente ideológico, la presidenta piensa que se debe proteger a esta empresa estatal, sin necesidad de exigirle mayor eficiencia. En mi opinión, eso no es viable ni siquiera en un capitalismo de Estado, como el que funciona en China. Sí, hay un componente ideológico detrás de esto [de los continuos rescates]”, complementó en diálogo con El Comercio. El último miércoles, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, justificó la nueva transferencia millonaria a Petro-Perú. “Con relación a Petro-Perú, lo que se viene difundiendo en los medios es justamente parte del compromiso que como gobierno ya habíamos asumido: apoyar a Petro-Perú en los gastos de capital, es decir para la compra de bienes y combustibles […] No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda a gastos de capital,