Congreso rechaza contratar a Bettsy Chávez: las razones del informe legal Advierten que peritaje de voz complica situación de Santiváñez: los escenarios y las consecuencias Al concluir esta legislatura, se cumplirán tres años desde que el exmandatario Pedro Castillo intentó perpetrar un golpe de Estado, disolver el Congreso y quebrantar así el orden constitucional. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido —y más allá de lo que se defina en el ámbito judicial—, es en el propio Parlamento donde sigue estancado un eventual juicio político que permitiría sancionar aquel infausto episodio. Sin una decisión en esta sede, ciertamente Castillo y los otros artífices aún podrían aspirar en la próxima contienda a integrar la institución que intentaron socavar. MIRA: Vicepresidenta de la JNJ pide suspender a Delia Espinoza por seis meses: ¿qué acusaciones enfrenta la fiscal de la Nación? El proceso avanza con lentitud en este fuero. El último viernes, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), se anunció que la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular) sería la ponente de dos denuncias constitucionales presentadas meses atrás contra Castillo y sus exministros por este caso. Este era, en la práctica, uno de los primeros pasos para empezar a ver el tema de fondo. Según el reglamento, el delegado hace una determinación de hechos, luego se efectúa una audiencia con los denunciados y denunciantes y, posteriormente, elabora el informe que es sometido a deliberación. La primera denuncia había sido presentada en enero pasado por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), donde se incluye a la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, a quienes se atribuye el haber infringido una treintena de artículos de la Constitución. La segunda, fue ingresada en marzo por su colega Alejandro Cavero (Avanza País) y versa solo sobre Castillo, a quien se denuncia por vulnerar al menos cuatro artículos. En ambas denuncias, ya acumuladas, se pide una inhabilitación de hasta diez años, que de aprobarse bloquearía cualquier eventual postulación de los implicados. Sin embargo, el caso vuelve a estar en pausa, al menos temporalmente en la interna del Congreso. El lunes, Moyano cursó formalmente a la presidenta de la SAC, Lady Camones (Alianza para el Progreso), un oficio donde comunica su decisión de declinar respecto a esta delegación. El motivo no es menor: es testigo en el juicio que se sigue en el Poder Judicial contra Castillo y sus exministros. Y, ciertamente, cualquier decisión podría ser cuestionada posteriormente por este hecho. Sin embargo, esto no fue advertido en su momento por la subcomisión. “Motiva mi decisión por ser testigo en el proceso penal seguido contra José Pedro Castillo. (…) En tal sentido, solicito que se disponga lo conveniente para reasignar dicha delegación a otro miembro de la subcomisión”, se indica en el oficio cursado a Camones. Moyano, quien era primera vicepresidenta del Congreso al momento de los hechos, declaró públicamente a inicios de abril pasado en el juicio contra Castillo, donde fue consultada en aquella ocasión sobre los impedimentos para el ingreso de parlamentarios al Legislativo luego del mensaje golpista. En diálogo con este Diario, el congresista Muñante comentó que desde la presidencia de la SAC se debe actuar rápidamente, derivar el caso a un integrante que no tenga ningún impedimento y abordar caso lo más pronto posible. Recordó que, anteriormente, el tema ya tuvo una primera demora y está paralizado. “Está paralizado. Ya se tiene autorización de la Comisión Permanente para la investigación, ya se aprobó los 15 días. Pero ni siquiera se ha iniciado con las diligencias porque no hay ponente. Este es un tema que la congresista Camones tendría que solucionar lo más pronto posible”, afirmó Muñante. En su mirada, este “debería de ser el primer punto de la agenda” en la próxima sesión, dada la relevancia del caso. “Ahí justamente está la muñeca de la SAC, en este caso de presidencia. Porque hubo una primera demora cuando se delegó al congresista Jerí. Fue elegido presidente del Congreso y el expediente tuvo que regresar. Eso ya es una primera demora. Ahora, una segunda demora se está dando justamente a razón de la negatoria de la congresista Moyano. Obviamente, todo esto suma para que hay una mayor dilación”, remarcó. Por su parte, el congresista Cavero envió un oficio este martes a Camones donde reitera su denuncia y pide que se le dé prioridad por su relevancia institucional. A su juicio, al interior de la SAC hay otra decena de integrantes y bien podría elegirse a otro delegado, sin ningún obstáculo, para poder abordar un caso que tiene meses en letargo. “El sentido de la inhabilitación es precisamente que no participe de un juego democrático que él [Castillo] ha buscado socavar y destruir. Que intente participar con una candidatura al senado o a la cámara de diputados, cuando él intentó cerrar el Congreso. Eso no tiene ningún sentido. Por esa razón se le ha solicitado a la SAC que pueda actuar con la celeridad del caso”, remarcó Cavero en diálogo con El Comercio. El legislador de Avanza País apuntó, en ese sentido, que se trata de un tema prioritario que el Congreso debe abordar “por la clara amenaza democrática”. ¿Es factible que llegado a diciembre, a tres años del intento de golpe, el Congreso ya se haya pronunciado sobre este tema? A juicio de Cavero es “difícil, pero no imposible”. “[¿De qué depende?] En este caso, es absolutamente de la voluntad política de la subcomisión. Y no hay peor gestión que la que no se intenta. Finalmente, ahorita está en la cancha de la congresista Camones y de la SAC darle toda la prioridad que este caso requiere, antes de que venza el plazo de postulación [en octubre]. Es la presidencia la que maneja la agenda y los temas que se priorizan”, aseveró. Por su parte, la congresista María del Carmen Alva (No agrupada), expresidenta del Congreso en la era de Castillo, comentó que la SAC ha debido dar prioridad a este tema, que calificó de primordial y fundamental.
