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Como un “marco transitorio hasta la promulgación” de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape). Bajo ese argumento, prosperó al interior del Congreso, a fines de noviembre pasado, una tercera ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ello luego que la propuesta que presentó el Ejecutivo no generara consensos, en medio de presiones y amenazas de mineros informales para la prórroga. Sin embargo, a más de cinco meses, la discusión para un nuevo marco legal en este sector aún no empieza. Y con el riesgo que ello puede conllevar.
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Según confirmaron a este Diario integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, a pesar del tiempo transcurrido, a los legisladores aún no se les ha alcanzado ningún predictamen sobre la nueva Ley Mape. Sin un texto formal con las propuestas, la discusión a este nivel aún no inicia y, por ende, menos aún se avizora cuándo puede llegar al pleno. En ese interín, el tiempo sigue transcurriendo. Toda esta situación apunta al legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), quien preside esta comisión desde el año pasado y quien maneja toda la agenda.
“La agenda es exclusiva del presidente de la comisión, tiene la discrecionalidad absoluta. Indicó que había iniciado mesas de trabajo sobre la materia. Y la verdad es que preocupa esta larga vida a las mesas de trabajo, foros y distintas actividades entorno a lo que sería la Ley Mape. Hasta la fecha no ha presentado un texto, no se ha iniciado el debate y no quisiera pensar que se está legislando con fines políticos en lugar de respetar el tecnicismo que esta ley y todas merecen”, dijo a El Comercio Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta del grupo.
Justamente, desde que el Congreso aprobó el pasado 29 de noviembre —con 87 votos a favor, 19 en contra y 12 abstenciones— lo que en la práctica fue la tercera ampliación del Reinfo, se han llevado varias mesas de trabajo desde fines del año pasado al interior del Legislativo para un nuevo marco normativo para este sector.
Sin embargo, tal como evidenció este Diario, en estas participan con predominancia los mineros informales, con quienes se trabaja estrechamente y desplaza otras voces, a pesar de la relevancia del tema. De hecho, a poco de iniciadas estas mesas, la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se retiró denunciando falta de imparcialidad de Gutiérrez.
Pero eso no es todo. A estas mesas de trabajo, también se suman audiencias públicas descentralizadas promovidas tanto en Abancay (Apurímac), Nasca (Ica) y Caraveli (Arequipa), llevadas a cabo entre febrero y abril último, donde se le ve muy activo a Guitérrez Ticona, en sus palabras, conociendo “in situ la realidad”. En estas participan delegaciones de mineros informales como la Confemin, Fenamarpe, entre otras.
En suma, eventos se han hecho varios hasta ahora, pero aún no hay un texto formal socializado y todo se ha trabajado con excesivo hermetismo. “Ni siquiera se ha presentado un borrador a los congresistas, nada. Se siguen con supuestas mesas de trabajo”, comentó, por su parte, el parlamentario Jorge Morante (Somos Perú).
Morante subrayó a este Diario que no le queda la menor duda de que “hay intereses económicos muy poderosos detrás” de este tema y que se buscaría presentar una propuesta a última hora, tal como ocurrió el año pasado.
Lo cierto es que, incluso presentando una propuesta de fórmula legal, esta no necesariamente va a generar los suficientes consensos y, por ende, se puede presionar para una nueva ampliación. Por ejemplo, en uno de los borradores que circuló en las mesas de trabajo, al que accedió este Diario, incorporaba la figura de la servidumbre minera en concesiones inactivas, lo que, en la práctica, fomentaría la invasión.
En tanto ello ocurre, la Ley N°32213 —promulgada el 27 de diciembre por la presidenta Dina Boluarte, sin observaciones y con la que se extendió el Reinfo— dispone que es el propio Ejecutivo el que, vía decreto, puede prorrogar el plazo inicial de seis meses que expira el próximo mes por otros seis meses más. Es decir, hasta diciembre del 2025.
“Al 1 de julio, el Ministerio de Energía y Minas, el premier Adrianzén y la presidenta Boluarte pueden ponerle punto final al Reinfo. Eso es lo cierto. (…) La próxima ampliación es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, ellos van a decidir el destino del país, si les dan más vida al Reinfo o si de una vez por todas se termina”, comentó Gonzales.
A opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, lo único a lo que han aspirado los mineros informales e ilegales “es ganar más tiempo para seguir operando en la impunidad”.
También cuestionó que el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, se haya dedicado más a discutir de manera cerrada la fórmula con los mineros que provocan toda la problemática, sin escuchar a especialistas o a otros sectores. ¿Cómo generar en ese contexto todo un marco legal que prospere?
“No hay ninguna intención de trabajar [la fórmula], esa ha sido la excusa para ampliar. La Ley Mape es la excusa para seguir operando y luego nos dirán nuevamente no tenemos ley, necesitamos seguir ampliando, en un año electoral. (…) Esta ley no puede ser discutida solo con los que provocan el impacto. El presidente de la comisión se ha dedicado a discutir esta norma con los mineros informales y con los intereses de estos”, puntualizó Ipenza.
El tiempo apremia.