El sistema penitenciario peruano atraviesa una crisis estructural que ya no admite diagnósticos parciales ni soluciones superficiales. Según el informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de abril de 2025, la brecha entre la capacidad de albergue de los 69 establecimientos penitenciarios del país y la población intramuros asciende a 60,120 personas. Este dato no es sólo una cifra técnica: refleja el grado de deterioro de un sistema que opera muy por encima de sus posibilidades.
El hacinamiento es el problema más visible, pero no el único. A él se suman la falta de personal especializado en seguridad, salud mental y servicios básicos; la corrupción que permea distintos niveles institucionales; y el afianzamiento de organizaciones criminales que operan desde el interior de los penales, convirtiendo espacios que deberían ser de rehabilitación en centros de actividad delictiva.
Un modelo institucional que no ha evolucionado
El INPE opera bajo un diseño organizacional que data de 2007, cuando la realidad delictiva del país era considerablemente distinta. Pese a las sucesivas declaratorias de emergencia y a los intentos de reestructuración, ninguno logró una transformación institucional de fondo. El resultado es una entidad centralista y reactiva que enfrenta los desafíos actuales del crimen organizado con herramientas diseñadas para otro contexto.
Una de las debilidades más notorias es el modelo de gobierno colegiado —el Consejo Nacional Penitenciario—, que no responde a los estándares de conducción ejecutiva contemplados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En la práctica, este diseño frena la toma de decisiones, genera mayor burocracia y diluye responsabilidades en situaciones que exigen respuestas inmediatas.
A ello se agrega que los servicios disciplinarios y los mecanismos anticorrupción están concentrados en Lima, lo que ralentiza los procedimientos en los penales del interior del país y genera condiciones propicias para la impunidad. La descentralización de estas funciones no es una opción secundaria: es parte indispensable de cualquier reforma seria.
“Los penales peruanos se han convertido en escuelas del crimen. Transformarlos en espacios de reinserción real exige una reforma que vaya a la raíz, no solo a la superficie.”
Seguridad reactiva: el costo de no anticiparse
El enfoque de seguridad penitenciaria vigente es esencialmente reactivo: el sistema responde a los incidentes después de que ocurren, sin capacidad suficiente para anticiparlos. Los planes de seguridad de los penales no se actualizan con la regularidad necesaria, y la inteligencia penitenciaria —que debería ser el pilar estratégico del sistema— no ha logrado consolidarse como tal.
El delito de extorsión ilustra con claridad estas deficiencias. Las bandas criminales coordinan desde el interior de los penales, operaciones que afectan a miles de ciudadanos en libertad. Esto no es una falla operativa puntual: es consecuencia de un modelo que no fue diseñado para enfrentar la criminalidad organizada que existe en la actualidad.
Revertir esta situación requiere inteligencia penitenciaria articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público; requisas inopinadas permanentes; restricciones de visitas para integrantes de organizaciones criminales; y la implementación del convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de la Nación para el uso compartido de la base de datos penitenciaria.
Procesos manuales, opacidad y corrupción
Mientras buena parte del sector público ha avanzado hacia la transformación digital, el INPE mantiene procesos físicos y manuales en áreas críticas. Los internos registran su asistencia a talleres mediante firma en papel. La documentación interna es susceptible de alteración. No existe trazabilidad real de los registros ni mecanismos de validación automatizada.
Esta resistencia al cambio tiene efectos concretos: la opacidad que generan los sistemas manuales favorece prácticas corruptas. La digitalización de los procesos penitenciarios no es una cuestión de modernidad formal, sino una condición para la transparencia y la rendición de cuentas.
La SUNIR: un cambio estructural, no nominal
Ante este escenario, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización —SUNIR— no es solo un cambio de nombre, como algunos sectores contrarios a la reforma han intentado hacer creer. Es una apuesta por un modelo de gestión distinto, que corrige algunas de las limitaciones estructurales que han frenado al INPE durante años.
La SUNIR concentra la conducción en una autoridad ejecutiva unipersonal, eliminando la estructura colegiada que ha probado ser un obstáculo para la gestión ágil y oportuna. Adopta un enfoque descentralizado: el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Oficina de Asuntos Internos y los órganos disciplinarios se distribuirán a nivel nacional, acercando la acción institucional a donde se necesita.
Esta nueva entidad integrará bajo una política institucional única tanto el sistema penitenciario como el Programa Nacional de Centros Juveniles, promoviendo un aprendizaje compartido que fortalezca la reinserción social y la seguridad. Asimismo, impulsará un enfoque multisectorial, con mayor presencia de programas de salud, educación, RENIEC y servicios registrales en los penales, pues la resocialización no puede recaer exclusivamente en una sola institución.
En materia de seguridad, la SUNIR adoptará un enfoque preventivo, con mayor uso de inteligencia penitenciaria y tecnología para anticipar riesgos. Se fortalecerá el régimen cerrado especial con una etapa de extrema seguridad, que reducirá visitas, horas de patio y dispondrá la reclusión en penales especialmente acondicionados. La tercerización del control de accesos —con tecnología especializada— reducirá el ingreso de teléfonos celulares, drogas y armas, liberando al personal penitenciario para funciones críticas.
Para los servidores penitenciarios, se promoverá una carrera especializada con ascensos y formación continua reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación. Un trabajador motivado, formado y con perspectivas de desarrollo es el mejor antídoto contra la corrupción al interior de los penales.
El primer paso de una reforma que debe continuar
La SUNIR es el primer paso de una transformación que tendrá que seguir avanzando. Son muchos los problemas acumulados en décadas de déficit institucional como para resolverlos con una sola medida. Pero sin este primer paso estructural, ninguna mejora operativa tendrá sustento duradero.
La reforma penitenciaria no es solo un asunto de política criminal. Es una condición indispensable para la seguridad ciudadana, para la dignidad de quienes están privados de libertad, y para la credibilidad del Estado de derecho. Un país que no puede controlar sus cárceles difícilmente puede garantizar la paz en sus calles.
El Perú tiene hoy la oportunidad de dar un paso relevante en la mejora de su sistema penitenciario. La pregunta que corresponde hacerse no es si la reforma es necesaria —sobre eso hay amplio consenso—, sino si existe la voluntad política y la determinación institucional para llevarla adelante con seriedad y continuidad.