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En una maniobra inimaginable, la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos comenzó a clasificar como muertos a miles de inmigrantes con estatus legal temporal. Esta medida, que se ejecuta mediante la invalidación de sus números de Seguro Social, equivale a una “muerte financiera”, dejando a los afectados sin acceso a servicios bancarios, empleos formales o beneficios públicos. Aunque viven y trabajan legalmente en el país, su existencia ha sido borrada de los sistemas que definen quién tiene derechos y quién no.
NO MÁS ACCESO A LAS PRESTACIONES GUBERNAMENTALES
La situación salió a la luz tras reportes de The New York Times y CBS News, donde se detalló que la SSA ha renombrado su tradicional “archivo maestro de defunciones” como “archivo maestro de no elegibles”. Bajo esta nueva categoría, miles de inmigrantes han sido marcados como fallecidos con fechas falsas, lo que automáticamente desactiva su número de Seguro Social. La consecuencia: pérdida inmediata de beneficios, bloqueo de cuentas bancarias y un proceso de reparación tan lento y complejo que, en la práctica, los condena a la invisibilidad.
El primer grupo en ser agregado a este archivo incluye a más de 6,000 inmigrantes que llegaron a través del programa de libertad condicional impulsado por el expresidente Joe Biden. La Casa Blanca justificó la acción argumentando que estos inmigrantes tenían un “incentivo monetario” para permanecer en el país, y que eliminando ese incentivo, se fomentaría su “autodeportación”. Un eufemismo moderno que disfraza de voluntaria la marginación inducida.
Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, fue tajante: “El presidente Trump prometió deportaciones masivas y está cumpliendo su promesa”. La afirmación sugiere una continuidad entre el poder digital del Estado y sus intenciones políticas: despojar sin tocar, expulsar sin aviones, eliminar con un clic. La muerte ya no es física, sino administrativa. Y en este contexto, borrar a alguien de los sistemas informáticos equivale a hacerlo desaparecer de la vida civil.
Aunque el gobierno asegura que los primeros afectados tenían antecedentes penales o vínculos con el terrorismo, fuentes internas del Seguro Social temen que esta práctica se expanda a otros inmigrantes con documentos legales, incluidos aquellos con permisos de trabajo o que llegaron mediante programas oficiales como “Enumeración Más Allá de la Entrada”. La preocupación no es menor: si pueden eliminar digitalmente a uno, pueden hacerlo con todos.
HAY OPINIONES EN CONTRA DE ESTA MEDIDA
El Departamento de Seguridad Nacional fue quien solicitó la incorporación de estos nombres al archivo de no elegibles, y la medida fue formalizada mediante un memorando firmado por la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el comisionado interino de la SSA, Leland Dudek. Este acuerdo representa una peligrosa fusión entre vigilancia migratoria y control institucional, que diluye los límites del debido proceso legal.
La reacción fue inmediata. Miembros del Congreso, trabajadores del SSA y defensores de los derechos laborales denunciaron la medida como un atentado contra el estado de derecho. El senador Ron Wyden advirtió que esta decisión abre la puerta a que el gobierno “robe beneficios de Seguridad Social obtenidos legalmente por ciudadanos estadounidenses”. Por su parte, Martin O’Malley, ex comisionado de la SSA, la calificó de “ilegal en muchos aspectos”.