Congreso pretende limitar a la Fiscalía: los riesgos de un nuevo dictamen sobre la prisión preventiva y los delitos alternativos Vladimir Cerrón podría ser sentenciado a pagar S/3 millones de reparación civil: Poder Judicial inicia juicio oral por Caso Chupaca A pesar de haber transcurrido catorce años desde que fue condenado por el delito de prevaricato, el aún integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Rafael Ruiz Hidalgo, no cumplió con pagar una reparación civil de S/1.000 que le fue impuesta en el 2010, como parte de la sentencia en su contra. Así lo señala un oficio que le fue enviado a Ruiz Hidalgo el pasado 12 de marzo del 2025 por parte del Poder Judicial (PJ) exigiendo cumpla con pagar lo adeudado al Estado, a pedido de la procuraduría del PJ. El consejero, precisamente, enfrenta un proceso de vacancia en el cargo por haber ocultado, en su información presentada al momento de su postulación en el cargo, que había sido condenado por un delito doloso a tres años de pena suspendida. MIRA: Dina Boluarte y sus cirugías: Fiscalía de la Nación pide levantar el “secreto profesional médico” ¿En qué indicios se sustenta? En el oficio, remitido por la Décima Quinta Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, al que accedió El Comercio, se advirtió que desde la fecha en que se emitió la sentencia en el 2010 hasta la actualidad, Ruiz Hidalgo “ha hecho caso omiso” a los mandatos judiciales que se le expidieron para que cumpla con el pago de la reparación civil. Por ello, al haber sido sentenciado, el tribunal de ejecución instó al consejero Ruiz Hidalgo, que por última vez se le requería que cumpla con el pago total de la reparación civil fijada en la sentencia, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento y disponer su inscripción en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI. Sin embargo, el abogado Iván Paredes, dijo a El Comercio que, recientemente, la condena ya había sido declarada, “prescrita” de manera oficial por la misma sala, por lo que no están obligados a pagar dicha reparación. Por tanto, al haberse declarado prescrita, Ruiz Hidalgo ya no tendría la obligación de cancelar los S/1.000 que adeudaba desde el 2010. Dicha prescripción aludida, fue también parte de sus argumentos ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que evaluó el pedido de vacancia solicitado contra Ruiz Hidalgo, en el cargo de consejero de la referida entidad encargada de nombrar a jueces y fiscales, entre otras funciones. El pedido de vacancia fue presentado por el congresista de la República, Edwin Martínez (Acción Popular) y el ciudadano Elías Domínguez López. La mañana de este jueves, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó los alegatos de los abogados Javier Rospigliosi Rospigliosi y Alejandro Rospigliosi Vega, en representación del congresista Edwin Martínez; así como del abogado Iván Paredes Yataco, defensa legal del consejero Rafael Ruiz Hidalgo, quien también hizo uso de la palabra. Según el artículo 22 del Reglamento de la JNJ, el Pleno de dicha institución tiene un plazo de hasta cinco días hábiles producida la audiencia oral, en caso considere declarar la vacancia del consejero. Es decir, si considera que existen elementos para vacar a Ruiz Hidalgo, lo deberá hacer como máximo, hasta el 10 de abril. En la audiencia, el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), uno de los peticionantes de la vacancia, señaló que el consejero habría cometido “un delito” por haber “ocultado” su sentencia. El abogado Rospigliosi Vega señaló que el consejero no solo debe ser vacado por haber sido sentenciado penalmente; sino también por contravenir los principios de legalidad, mérito, probidad y contravenir el artículo 11 de la Ley orgánica de la JNJ. “El impedimento (señalado en la norma) se refiere a cualquier delito doloso, pues no menciona lo contrario. La ley no hace mención al registro de la condena o no, la ley dice que ‘basta que se tenga una sentencia’”, dijo. Alegó que la Tribunal Constitucional ya ha señalado que, si bien existe el derecho de un condenado a recuperar sus facultades constitucionales y civiles, dicho derecho no es absoluto. Por tanto, en el caso, se debe ponderar un interés público y superior que es la honradez, la moralidad, la justicia, la transparencia y la administración de justicia. “Una persona sentenciada por un delito contra la administración de la justicia, nada menos, ¿pretende nombrar a jueces y fiscales que impartan justicia? Esto es un escándalo.” Alejandro Rispigliosi Vega El abogado llamó la atención de que el Poder Judicial, pese a los años transcurridos, no haya inscrito la condena impuesta a Ruiz Hidalgo hasta el mes de marzo último. “¿Quién escondió esta sentencia, quién dejó de registrarla en la base de datos del Poder Judicial? Cuando la comisión que los elige (a los miembros de la JNJ) le pidió información al Poder Judicial, al empleador del consejero en aquel entonces, y el empleador dijo ‘no hay nada’”, advirtió. Concluyó solicitando que se declare procedente la vacancia de Ruiz Hidalgo en el cargo de integrante del Pleno de la JNJ. Iván Paredes Yataco, abogado de Ruiz Hidalgo, quien solicitó ante el Pleno de la JNJ que se declare improcedente la vacancia de su patrocinado, refirió en sus argumentos que si bien la norma señala como causal de vacancia haber sido condenado por delito doloso, esta no establece además, a los principios de “mérito y honestidad” como causales de remoción. Además, consideró que la condena es suspendida -como el caso de Ruiz- cuando se cumple la misma, se tiene por no pronunciada. Es decir, “que no existe porque nunca se ejecuta la pena, a diferencia de la pena efectiva”. Afirmó que la Corte Suprema, en casación, ya estableció las condenas condicionales o suspendidas “se tienen por no pronunciadas”. “En la condena condicional no te puedes rehabilitar porque se tiene como no pronunciada, nunca existió (…) Entonces, en tanto y en cuanto nunca existió,
