Los brasileños crecemos escuchando que nuestro país es experto en reinventarse en los momentos más desafiantes. Es parte de nuestra naturaleza optimista creer que los resultados transformadores pueden surgir de una buena oportunidad. Esta capacidad ha logrado convertirse en un catalizador de reformas estructurales cuando confluyen presión ciudadana, voluntad política y sentido de urgencia.
En 2016, cuando Brasil atravesaba uno de los momentos institucionales más complejos de su historia, el caso conocido como Lava Jato reveló profundas fallas en los sistemas de control y en la gobernanza de empresas públicas y privadas. La magnitud de los hechos no solo erosionó la confianza de los inversionistas, sino que golpeó con fuerza la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos.
En medio de un gobierno de transición y una economía debilitada, se abrió una ventana inusual: la opinión pública exigía reformas estructurales y mayor transparencia. Esa presión social generó las condiciones para avanzar en cambios normativos largamente postergados.
La aprobación por parte del legislativo de la llamada “Ley de Empresas Estatales”, introdujo criterios técnicos para la designación de directores y ejecutivos en empresas estatales, restringió el acceso de perfiles con trayectoria política reciente a cargos estratégicos y fortaleció los estándares de cumplimiento y transparencia. En términos prácticos, redujo los espacios de interferencia partidaria directa y alineó la gestión de las empresas públicas con mejores esquemas internacionales de gobierno corporativo.
Al fortalecer las estructuras de gobernanza, la normativa contribuyó a reducir los riesgos operativos y reputacionales para los agentes de mercado interesados en participar en el desarrollo público. Se generaron bases más sólidas para el acceso a financiación y la sostenibilidad financiera de estas compañías, lo que contribuyó a restablecer, gradualmente, la confianza de la ciudadanía.
Aunque se estima que Brasil aún enfrenta desafíos importantes en materia institucional, la aprobación de esta ley marcó un punto de inflexión importante evidenciando que las crisis pueden transformarse en oportunidades de modernización, si existe una ciudadanía activa y liderazgos capaces de canalizar esa energía en reformas concretas.
Hoy, mientras Perú atraviesa un periodo de alta tensión institucional, es imperativo recordar que las reformas estructurales rara vez nacen en tiempos de calma; surgen, más bien, cuando la urgencia obliga a actuar. El quid del asunto no es si atravesamos una crisis, sino si sabremos aprovecharla. Esto permitirá acelerar la evolución de los marcos de gobernanza, fortalecer la gestión de las empresas y consolidar estándares de rendición de cuentas que trasciendan coyunturas políticas para proyectar mayor estabilidad, progreso y desarrollo económico a largo plazo. Las generaciones futuras seguramente lo agradecerán.