Elon Musk llama “abominación repugnante” a la ley fiscal de Trump y critica a los republicanos Trump pide formalmente al Congreso rescindir fondos a medios públicos y ayuda extranjera Los aranceles a la importación de acero y al aluminio aumentaron del 25% al 50% en Estados Unidos este miércoles 4 de junio, tras la entrada en vigor de un decreto de su presidente, Donald Trump, quien parece decidido a aumentar su guerra comercial. MIRA: Las duras críticas de Trump a Putin: ¿está perdiendo la paciencia el presidente de EE.UU. tras llamarlo “loco”? El mandatario anunció la medida a finales de mayo durante una visita a una fábrica de acero en Pittsburgh, Pensilvania, donde afirmó que ayudará a enfrentar “prácticas comerciales que debilitan la seguridad nacional” de EE.UU. En su orden ejecutiva, Trump acusó a países extranjeros de “deshacerse de su acero y aluminio excedente a un bajo precio en el mercado estadounidense, socavando la competitividad de las industrias locales”. La decisión generó fastidio en países aliados de Estados Unidos como Canadá, México y la Unión Europea, proveedores de gran parte del acero y aluminio utilizado por la industria estadounidense, y ocurre en momentos en el que el poder de Trump de imponer aranceles es cuestionado por el poder judicial. Los ojos en el acero La problemática se da debido a que si bien la industria estadounidense utiliza toneladas de acero y aluminio, solo produce alrededor de la mitad del material que necesita, creando un vacío que hasta la fecha ha logrado subsanar mediante importaciones. Se trata de una debilidad que sucesivos presidentes han intentado solucionar, con el propio Trump imponiendo aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio en 2018, un mandato que reforzó el pasado marzo al quitar todas las excepciones otorgadas a determinadas industrias o por tratados comerciales y que ahora ha intensificado hasta poner todos los aranceles en 50%. En EE.UU., la orden ejecutiva fue celebrada por algunos grupos productores de bienes metalúrgicos en Estados Unidos, quienes la señalaron como vital para la continuación de sus industrias, pero fue criticada por empresas que requieren de estos materiales para seguir funcionado, con un artículo publicado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtiendo que estos aranceles tendrán como consecuencia mayores costos para los negocios y consumidores estadounidenses. Entre las industrias afectadas está la de alimentos enlatados, cuyo precio se duplicaría bajo los nuevos aranceles, según advirtió el presidente del Instituto de Productores de Latas, Robert Budway. “Una serie de decisiones desafortunadas tomadas en los últimos ocho años por los productores nacionales de acero para hojalata condujeron a recortes drásticos que redujeron en un 75% la producción estadounidense del acero especializado utilizado en la fabricación de latas”, indicó en un comunicado. “Como resultado, los fabricantes nacionales de latas y los productores de alimentos enlatados importan ahora casi el 80% del acero para hojalata de aliados comerciales.” No serían los únicos afectados, con las industrias como la automotriz, aeronáutica y de construcción, entre muchas otras, también dependiendo del acero y aluminio importado para satisfacer su demanda. ¿Decisión política o económica? Para la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, la decisión del mandatario parece tener más un enfoque político que económico. “Trump quiere ganar la narrativa de los aranceles. Si bien sostiene que quiere traer de vuelta trabajos – lo que no será posible en su totalidad en el actual mercado laboral estadounidense – la medida tendrá un impacto negativo en general”, señaló en comunicación con El Comercio. “En Pittsburg estaríamos hablando de unos 5 mil puestos de trabajos que posiblemente se beneficien, mientras que en Detroit – centro de la industria automotriz- se estarían perjudicando cientos de miles de trabajadores que trabajan en sectores que dependen del acero como materia prima. Una medida contradictoria, sin duda.” Las cifras están de su lado y un análisis de 2020 publicado en EconoFact encontró que si bien los aranceles en torno al aluminio y el acero durante el primer gobierno de Trump generaron alrededor de 1.000 empleos en la industria metalúrgica, le costó a la economía 75 mil trabajos en otros sectores, desde el manufacturero al sector de construcción. Mientras tanto, el analista político Octavio Pescador señaló que la medida forma parte de la estrategia de Trump para transformar los procesos globales de producción y consumo desde un punto de ventaja para los Estados Unidos. “Esto le implica un costo al mundo y también a los estadounidenses. Es un ajuste que de inicio lo prometió en campaña, lo confirmó en su toma de posesión y lo ha venido paulatinamente ejerciendo”, consideró. El experto estadounidense resaltó que si bien la política arancelaria de Trump puede ser vista como una táctica de negociación, buscando ventajas económicas y geoestratégicas – como concesiones en materias migratorias y de seguridad – de países como Canadá, México y Europa, esto solo se da en el corto plazo. “A largo plazo es esta idea que tiene Trump de que Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme con el mundo y que país por país va a tener que ir ajustando a un nuevo modelo donde habrá más producción en territorio estadounidense y más consumo de sus productos en EE.UU. y en el resto del mundo”, explicó. Para Octavio Pescador, todavía es pronto para saber qué efecto tendrán el aumento de los aranceles del aluminio y el acero, ya que también es posible que se llegue a una negociación y se aplace como ha ocurrido con otras órdenes de este tipo por parte del mandatario. “Lo que Trump quiere obtener son resultados concretos y rápidos, porque los costos de estas políticas arancelarias se van a pagar en Estados Unidos, incluyendo entre quienes son sus votantes como los granjeros a los que ya ha advertido que se vienen tiempos difíciles, pero que a la larga estas decisiones serán importantes para volver a esta posición de hegemonía global y para cambiar radicalmente los hábitos de producción y consumo en los Estados
